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FEDERACIÓN

ProLiga demanda a la RFEF por ilegitimidad de su Junta

También reclama, ante el CSD, por el nombramiento de directivos imputados en 'Soulé' y por el reparto económico a los clubes y a las territoriales.

ProLiga demanda a la RFEF
por ilegitimidad de su Junta

Óscar Garvín, presidente de ProLiga, anuncia una demanda esta mismo lunes contra la Federación Española de Fútbol (RFEF) por considerar ilegítima a parte de su junta directiva y por varios desacuerdos sobre el reparto de los dineros del fútbol. Garvín incide en que ya son nueve los imputados en la 'Operación Soulé' o en los 'casos Recre o Haití', y cita los casos de Marcelino Maté, elevado a vicepresidente en la última Junta, y a José Ángel Peláez, que ha sido nombrado presidente de la comisión de Tercera División pese a que la semana pasada engordó la lista de encausados por el magistrado Santiago Pedraz.

Garvín también ha reclamado ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), que va a convocar a sus órganos de gobierno ante la acumulación de investigados en la Junta de la RFEF. El secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, está a la espera de las resoluciones del TAD para cortar por lo sano, pero mientras eso se dilata en el tiempo, el bloque 'Villarista' mantiene el control de la Federación y Ángel Villar puede volver este miércoles a Las Rozas, como ya ha hecho en dos ocasiones anteriores.

Consulta el documento.

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El presidente de ProLiga remitió una carta al presidente en funciones de la Federación, Juan Luis Larrea, dándole un plazo de 72 horas para responder a una serie de cuestiones que, además de referirse a la legitimidad de la Junta, inciden en el reparto económico a los clubes de categoría nacional, al de uno por ciento de las quinielas y a las cantidades que recibe cada federación territorial por el número de fichas en su zona geográfica. Según ha podido saber este periódico, en algunos casos, entre otros en dos territoriales afines a Villar (Murcia y Bilbao), el número de fichas se ha multiplicado porcentualmente varios cientos de veces en el último trienio. El presidente de la federación murciana, José Miguel Monje Carrillo, que aparece profusamente en las escuchas de la UCO a Villar, ha justificado el increíble aumento de fichas en su zona geográfica por un error informático, según fuentes de la propia RFEF.

Garvín dice en su carta a Larrea (que pueden consultar íntegramente junto a este artículo) que "por un momento usted nos hizo creer en que algo estaba cambiando, por un momento creímos en que usted podría ser la persona que podría propiciar el cambio, no obstante nos equivocamos. Muestra de ello es el nombramiento de personas para ostentar cargos estando las mismas imputadas (ahora investigadas) en la 'Operación Soule'. En otro orden de cosas seguimos pendiente se nos dé traslado del acta de la Asamblea en la que se aprobó el reparto económico para los clubes de categoría nacional, ya que como bien sabrá la categoría de 2ª B se le adeuda a día de hoy 16.000,00 euros por equipo sin que hayamos tenido noticias hasta la fecha".

Lo que se avecina, salvo que como vienen sucediendo se frene el proceso en el TAD, es una avalancha de inhabilitaciones por parte de José Ramón Lete, abrumado ante el desarrollo de los acontecimientos en Las Rozas, y una potente ofensiva judicial. Por una parte, con nuevas actuaciones del magistrado Santiago Pedraz, que investiga a media directiva de la RFEF por clilientelismo, falsedad, fraude y corrupción, entre otros cargos, y por otra por los Juzgados de Majadahonda, que investigan el mal uso de 1,2 millones de dinero público que le fueron entregados a la Fundación de la RFEF para proyectos para los más desfavorecidos, entre ellos los niños que sufrieron el terremoto de Haití. Los jueces y fiscales también investigan al detalle los movimientos de decenas de millones de euros que salieron de las cuentas de la Mutualidad de Futbolistas (MUFRESPE) sin la debida justificación y acabaron en diversos destinos, entre ellos los bancos de algunas federaciones territoriales. Los fiscales indagan si también se cometieron delitos de administración desleal y alzamiento de bienes.