La Fiscalía, contra los barones de Villar por "falta de equidad"

La Fiscalía Provincial de Madrid ha dirigido un escrito a la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que pide que se desestime el recurso interpuesto por 16 presidentes de otras tantas federaciones territoriales de fútbol contra la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que declaró que su firma en una misiva titulada "Carta de apoyo a D. Ángel María Villar" en el curso de un proceso electoral a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol había supuesto "una infracción del deber de neutralidad". Para la Fiscalía, los firmantes de la carta, por las obligaciones y responsabilidades que ostentan, "son poseedores de deberes especiales, y en procesos electorales no pueden realizar actos que directa o indirectamente impliquen el favorecimiento o desfavorecimiento de alguno de los candidatos".

En concreto, la misiva señalaba al actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, como uno de los promotores del “largo acoso” a que había estado sometido Villar junto a Miguel Galán, un precandidato a la presidencia de la RFEF "que ha sido una pieza más del operativo" y al ex secretario general de la RFEF, Jorge Pérez, de quien subrayan que "no hace falta ser un lince para advertir que tanta insistencia (en su acoso a Villar) no tiene otro objetivo que el tratar de conseguir por medios torticeros lo que nunca ha logrado por la vía electoral y democrática, lo que persiguen infructuosamente desde hace 14 años".

Para la Fiscalía la resolución del TAD no vulnera los derechos de libertad de expresión y de información porque en el momento de redactar, firmar y difundir la carta concurría en los firmantes el deber de neutralidad "al encontrarse en pleno proceso electoral". En su escrito la Fiscalía subraya que los presidentes de las distintas federaciones territoriales "son poseedores de deberes especiales, y en procesos electorales no pueden realizar actos que directa o indirectamente impliquen el favorecimiento o desfavorecimiento de alguno de los candidatos".

Y es que para el representante del Ministerio Público el derecho a la libertad de expresión y de información no puede convertirse “de ningún modo” en carta abierta para avalar actos arbitrarios: "La libertad de expresión –añade en su escrito- no puede prevalecer cuando se están empleando frases y expresiones ultrajantes y ofensivas, y cuando concurre en los que se vierten una serie de deberes, como es el presente caso, y cuyo incumplimiento puede dar lugar a que el proceso electoral no reúna los principios de equidad".