Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Betis, retomó esta semana el juicio penal en el que se le acusa de "apropiación indebida" pero en el que la Fiscalía ha pasado de pedir para él más de tres millones de euros de multa y tres años de cárcel a apenas seis meses, conmutables por unos nimios, en comparación, 3.600 euros.
La Fiscalía se fundamenta en el acuerdo que firmaron en julio Lopera, el gobierno actual del club verdiblanco, dos plataformas demandantes (Liga de Juristas y Por Nuestro Betis) y el empresario navarro Luis Oliver, de Bitton Sport, que también reclama la titularidad del paquete mayoritario del 51 por ciento. Lopera y Oliver renunciarían a esas acciones a cambio de entre 15 y 20 millones (esto último, si se considera dinero el levantamiento de unos avales del expresidente) y el club las pondría a la venta. Se supone que con este pacto se acabaría el entramado judicial...
Pero no. El 31,38 por ciento de esas acciones sigue suspendido cautelarmente en el Juzgado Mercantil desde hace más de dos años y medio, cuando quedó visto para sentencia un juicio en el que discutió si Lopera había pagado o no esos títulos en 1992. Los firmantes del pacto con el expresidente y Oliver solicitaron a finales de julio al juez Javier Carretero que "termine el procedimiento y levante las medidas cautelares" que pesan sobre ese 31,38, pero Carretero ya ha comunicado que no puede hacerlo sin que todos los firmantes den su consentimiento.
Entre esos firmantes se encuentran varios miembros de Béticos por el Villamarín, plataforma que no se adhirió al acuerdo en julio y que de hecho este lunes solicitó formalmente su suspensión ante la Audiencia Provincial de Sevilla. BXV se preguntó sobre "el beneficio del pacto" para la entidad, toda vez que desposee de culpabilidad a los acusados, además de enriquecerles con varios millones de euros, y de que Lopera, legalmente, no puede disponer de esas acciones al encontrarse aún suspendidas.
Si BXV no se retira del pleito Mercantil (y no lo hará, según fuentes de la plataforma a este sitio web) habrá que esperar a que el juez Carretero dicte sentencia. También cabe la posibilidad de que Lopera reconozca que no pagó aquel 31,38 por ciento de esas acciones en 1992, es decir, en términos jurídicos, "se allane". Eso significaría reconocer un delito y, consecuentemente, que ha gobernado el club verdiblanco durante más de 18 años sin tener la mayoría accionarial. Algo que elexpresidente, al menos en principio, no estaría dispuesto a hacer.
Carlos Rubio: "Las memorias económicas de la sociedad eran "especialmente exhaustivas"
El auditor Carlos Rubio, que revisó las cuentas del Betis entre 2000 y 2006, ha señalado hoy, en su declaración como testigo en el juicio contra el expresidente Manuel Ruiz de Lopera, que las memorias económicas de la sociedad eran "especialmente exhaustivas".
Rubio, citado como perito por la Fiscalía en el juicio que desde junio celebra la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, ha afirmado que durante los años en los que auditó las cuentas del club éstas "ofrecían una imagen fiel del patrimonio y de los resultados económicos" y que resultaban "perfectamente claras" para quien las consultara.
A preguntas de la fiscal, Rubio ha ratificado que "la totalidad de los activos del club estaban registrados y pertenecían al club" y que en las auditorías "no se opina sobre el informe de gestión, se comprueba que las cuentas de las que informa a los accionistas coinciden", ha explicado el testigo.
El abogado de la acusación ejercida por Béticos por el Villamarín, José Aurelio Ruiz Piñas, ha preguntado al auditor si comprobaba que la empresa había realizado efectivamente las operaciones económicas que aparecían en las cuentas: "Nosotros comprobamos el reflejo contable y la documentación que nos da el club, y además era evidente si se había fichado a un jugador porque estaba jugando", ha respondido.
La defensa de Lopera ha mostrado, para que el perito lo ratificara, diversas memorias económicas en las que aparecían las relaciones contractuales del Betis con las entidades Encalesa y Tegasa.
Rubio ha subrayado que "siempre se recogían" y "están descritas bastante exhaustivamente, cualquier persona que leyera las cuentas podía ver los contratos".
A preguntas de la defensa, ha asegurado que desde el club siempre se le facilitó la documentación que requerían y que "nunca" ningún consejero le planteó dudas o disconformidad con los informes.
Ha negado que los administradores que firmaban las memorias económicas puedan decir que desconocían los contratos del Betis con Encalesa y Tegasa porque aparecían y que los socios que hubieran solicitado las cuentas "las podían ver".
La letrada ha preguntado si las cuentas del Betis eran "especialmente exhaustivas" a lo que respondió que "sí" ya que "incluso se describían los precios de los jugados" y la previsión de su amortización.
Desde ayer, el juicio continúa sólo con las acusaciones de la Fiscalía -que ha rebajado su petición de pena a Lopera a una multa de 3.600 euros- y de la asociación Béticos por el Villamarín.
El Betis y las plataformas Por nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, quedaron apartadas en la sesión de ayer tras renunciar a ejercer toda acción civil y penal después del acuerdo firmado el 28 de julio entre Lopera, el empresario Luis Oliver y dichas acusaciones para la cesión al club del 51% de las acciones por 15,3 millones de euros.
Béticos por el Villamarín rechazó sumarse al pacto y ayer elevó a la sala un escrito en el que pide su suspensión cautelar. El juez Angel Márquez pidió hoy a las partes que se pronuncien "de forma oral" en la sesión del lunes para que el tribunal decida. Para la Fiscalía, no es objeto de este procedimiento.
También estaba citado hoy un perito pedido por la acusación de Béticos por el Villamarín, Luis Manuel Betancourt, al que sólo le preguntó el letrado de esta asociación de forma breve ya que el testigo dijo no recordar detalles del trabajo de auditoría realizado para el Betis en "el 89 o 90" sobre "un tema de una recalificación".
