Tensión en el beticismo por el acuerdo entre el club y Bitton
Las plataformas 'Por Nuestro Betis' y 'Béticos por el Villamarín' emiten un comunicado conjunto contra el mencionado acuerdo.
El acuerdo entre la dirección del Betis (Haro y Catalán) con Bitton Sport (Luis Oliver) no termina de convencer a gran parte del beticismo. Así lo demuestra la nota conjunta que este domingo emitieron las plataformas Béticos por el Villamarín y Por Nuestro Betis, ambas denunciantes en los procesos judiciales contra Manuel Ruiz de Lopera. El argumento principal de dichos colectivos es que la paz social en el Betis no puede conseguirse a cualquier precio.
El comunicado conjunto de ambas plataformas de béticos es el siguiente:
Ante estas decisiones, las juntas directivas de las dos asociaciones demandantes hemos decidido emitir esta nota pública para trasladar al beticismo, a los medios, y a la sociedad en general, el posicionamiento conjunto de absoluto rechazo al presunto acuerdo alcanzado, así como el anuncio de las actuaciones que vamos a emprender.
Respecto al posicionamiento de ambas, en primer lugar, denunciamos que las condiciones de dicho acuerdo no hayan sido hechas públicas. Esperamos que en breve los béticos puedan conocer la literalidad de dichas condiciones y así valoren por si mismos las gravosas y peligrosas consecuencias que conllevan.
En tanto a la inscripción de Bitton Sport en el libro de accionistas de la SAD, hemos de recordar que la titularidad de dichas acciones es actualmente objeto de litigio entre Farusa y Bitton, por lo que sin una resolución judicial a propósito, esta decisión del Consejo podría parecer, como poco, arbitraria; igualmente debe hacerse público con qué limitaciones han sido inscritas esas acciones en el Libro Registro. También resaltar que el desembolso y suscripción inicial de gran parte de esas acciones están pendientes de una inminente resolución judicial.
Denunciamos también que dicho acuerdo se firma con una sociedad, Bitton Sport, cuyo único fin e interés ha sido especular con las acciones del Betis y cuyos responsables han sido algunos ya condenados por el proceso concursal del Real Betis. El mismo supone la compra por una sociedad anónima deportiva de una sociedad cuyo objeto social, según obra en el Registro Mercantil, es la compraventa por cuenta o interés propio de acciones participaciones sociales y, en general, de activos y valores financieros, fines que hacen que esta compra sea de difícil encaje en nuestros actuales estatutos.
Dado también que estas dos asociaciones demandantes no van a llegar con esta actuación a acuerdo alguno de conformidad en los procedimientos judiciales donde se encuentran procesadas, incluso ya condenadas, personas vinculadas a la sociedad objeto de la compra, Bitton Sport, el actual Consejo de Administración deberá manifestarse claramente en el sentido de cómo va actuar en los mismos.
Los miembros del actual Consejo, además, eran conocedores de la oposición de nuestras asociaciones a este acuerdo que proponía, y por numerosos motivos, entre ellos su más que probable inviabilidad dadas las complejidades contractuales y judiciales que afectan al contrato entre Farusa y Bitton del año 2010 y de las que fueron advertidos, así como, por las consecuencias negativas que este acuerdo pudiera suponer para con los pleitos judiciales que estas asociaciones emprendieron hace más de diez años.
Por tanto, para ambas asociaciones el acuerdo es indigno con el Betis, inviable, judicializa más la situación, favorece a los presuntos delincuentes, y aleja el objetivo primigenio e irrenunciable de los demandantes de El Betis de los Béticos, al garantizar un precio elevadísimo por las acciones, lo cual sólo podría favorecer a algunos. Es más, el uso de fondos de la sociedad destinados a una opción de compra de un paquete accionarial litigioso, se puede entender como un exceso de mandato de este Consejo. Quien quiera tener la oportunidad de obtener dicho paquete litigioso, corriendo el riesgo de las posibles consecuencias de las resoluciones judiciales que se dicten en los procedimientos existentes entre las empresas del señor Oliver y el señor Lopera, que utilice sus fondos propios, si así les interesare, y no los fondos del Betis.
Es importante destacar también que la labor judicial que ambas asociaciones llevamos a cabo en modo alguno obstaculizan la buena o deficiente gestión económica y deportiva que los actuales dirigentes del club puedan realizar Los argumentos cansinos de la DES-JUDICIALIZACIÓN del Betis, o el de la PAZ SOCIAL, para buscar salidas como este mal acuerdo, choca contra lo que es claro y notorio, y es que la judicialización afecta a aquellos que cometieron presuntos ilícitos punibles. El Betis está personado como perjudicado, ejerciendo la acusación particular junto a las asociaciones en los distintos procedimientos judiciales. Si el actual Consejo de Administración quisiera desjudicializar al Betis, bastaría con su desistimiento de las acciones legales por él ejercidas; lo que significaría una renuncia a las posibles indemnizaciones por el perjuicio soportado, actuación que podría considerarse como otro exceso de mandato.
Y dado que de estas actuaciones se podría colegir que lo que pretende la cúpula de la actual Consejo de Administración del Betis es perdurar en el mismo al menos otros cinco años, plazo en el que al parecer estarían en suspenso ciertos derechos políticos de las acciones de Bitton Sport compradas por el Betis, exigimos total transparencia en lo acordado entre este Consejo y los representantes de Bitton a la hora de formación de consejos, distribución de cargos, acuerdos de votación, etcétera.
Por todo ello, este acuerdo cuenta con nuestro absoluto rechazo, y en consonancia con este posicionamiento, anunciamos que en la próxima semana, accionistas de ambas asociaciones requerirán al Secretario del Consejo de Administración del Real Betis Balompié, SAD, para que emita certificado del acuerdo adoptado en la sesión del Consejo del día 17 de marzo, por si caben las actuaciones previstas en la Ley de Sociedades de Capital, en tanto a la impugnación de los acuerdos del Consejo, así como ante la posibilidad de la exigencia de responsabilidades a éste.
Y por último, desde ambas asociaciones queremos trasladar a todos los que trabajan en la impartición de justicia (Magistrados, Jueces, Fiscales, Letrados y funcionarios de dicha Administración) nuestra total confianza, el reconocimiento y el apoyo a su esfuerzo y trabajo por esclarecer los hechos ocurridos en la gestión de nuestra sociedad deportiva en aquellos años. Este acuerdo no cuenta con el respaldo de la mayoría de aquellos que nos dirigimos en nombre de los béticos a pedir justicia, justicia que seguimos esperando, por lo que ninguna de las dos asociaciones, ni los miembros de las mismas que actúan en demandas individuales, desistirán de los procedimientos en donde están personados, por lo que pedimos que las resoluciones que se esperan no se vean afectadas por este acuerdo que consideramos inútil y lejos del sentir de la mayoría del beticismo.
Seguir insistiendo a los béticos que este camino emprendido hace años no terminará hasta que los béticos y el Real Betis vean restablecidos su dignidad, se haga justicia, y sea devuelto el Betis a sus únicos y legítimos propietarios, la afición del Real Betis Balompié.
