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FEF

Anticorrupción entra en la guerra de candidatos a la FEF

Villar, Pérez y Galán, denunciados o investigados. Galán lo lleva al Congreso, que estudia si hubo corrupción en la Federación Española de Fútbol.

Ante el juez. Villar, en una de sus comparecencias en los juzgados.
JESUS RUBIODIARIO AS

Los tres candidatos a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, Jorge Pérez y Miguel Galán, mantienen un cruce de denuncias, querellas y acusaciones que ha despertado la atención de la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha entrado de oficio en las investigaciones.

A continuación detallamos resumidas las causas que están abiertas entre ellos:

Galán a Villar. Miguel Galán interpuso dos querellas a Villar. La primera por presunta prevaricación en el retraso del calendario electoral de las elecciones federativas. Esta querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción de Majadahonda y posteriormente archivada.

La segunda querella fue por los presuntos tratos de favor a Recreativo y Marino. Villa declaró como imputado por supuesta prevaricación, malversación de fondos, administración desleal y corrupción deportiva.

Villar declaró y el vicepresidente Juan Padrón pidió el aplazamiento. En su declaración, Villar culpó a Jorge Pérez, entonces secretario general de la FEF, quien ahora aparece investigado igual que Marcelino Maté (presidente de la Federación de Castilla y León) y el admistrador federativo José María Castillón.

La Fiscalía Anticorrupción se sumó de oficio a este proceso el pasado mes de diciembre, el denominado ‘caso Recre’.

También está pendiente el ‘caso Haití’, en el que Galán ha llevado al Congreso un informe del CSD por supuesta prevaricación y malversación de fondos públicos. La FEF recibió en 2010 una subvención estatal por valor de 220.000 euros para la construcción de una escuela de fútbol en Haití que nunca se llegó a construir.

Villar a Galán. Villar tiene denunciado a Galán, a quien acusa de extorsión, coacciones, denuncia falsa y obstrucción a la justicia, aportando una grabación en la que le piden 240.000 euros por retirar las demandas contra él.