La Audiencia devuelve a Ruiz de Lopera el control del Betis
La Sala I de la Audiencia Provincial de Sevilla ha levantado las medidas cautelares que pesan sobre las acciones del empresario en las próximas semanas.
![Ruiz de Lopera.](https://img.asmedia.epimg.net/resizer/v2/AMVC23R43NOVTCWRLLHUNAOLKI.jpg?auth=dc9527260fa6986cb43a2c996287015b4b25bf0db4c8efa1a41721cc2f315301&width=360&height=203&smart=true)
La Sala I de la Audiencia Provincial de Sevilla ha levantado hoy, y con fecha efectiva de 31 de julio, las medidas cautelares que pesan sobre las acciones de Manuel Ruiz de Lopera, propietario de más del 50 por ciento de los títulos del Betis, por lo que devuelve al empresario sevillano el control del club.
Según el auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso Efe, el proceso penal contra Lopera aún puede tardar "varios años" en resolverse, por lo que el mantenimiento de las medidas cautelares "resultaría desproporcionado", ya que se prolongan desde el 16 de julio de 2010, cuando fueron dictadas por la instructora de dicho proceso por un presunto delito societario.
Esta resolución permite a Lopera disponer de sus acciones e incluso venderlas, aunque por el momento se encuentran embargadas por no haber hecho frente a una fianza de 25 millones de euros interpuesta por la juez instructora, Mercedes Alaya, por lo que su enajenación resultaría ahora mismo imposible.
La Audiencia ha dispuesto también "alzar la medida cautelar de inhabilitación" que pesaba sobre Ruiz de Lopera "para el ejercicio de las funciones de consejero o cualquier otro cargo de representación del Real Betis Balompié".
De este modo, Manuel Ruiz de Lopera podrá regresar dentro de tres semanas a ser el máximo responsable un club que dirigió, indistintamente como presidente o como consejero delegado, entre 1992 y 2010.
En el lustro en el que han estado vigentes las medidas cautelares, el Betis estuvo presidido sucesivamente por Rafael Gordillo, Miguel Guillén, Manuel Domínguez y Juan Carlos Ollero, en el cargo desde diciembre de 2014, todos ellos nombrados por los distintos agentes judiciales que administraban las acciones.
Por otro lado, la propiedad de más de la mitad de las acciones de Lopera que han sido objeto de este auto se dirime en un proceso paralelo que se ve en un juzgado de lo Mercantil, ya que un grupo de accionistas formalizó una denuncia por entender que habían sido adquiridas de forma ilícita.