El exalcalde de Las Rozas: "No he ido nunca contra la ley"

El exalcalde de Las Rozas y diputado autonómico Bonifacio de Santiago ha asegurado hoy que "nunca ha ido en contra de la ley", durante la vista oral celebrada en el Tribunal Superior de Justiciade Madrid (TSJM) por no ejecutar una sentencia de 2007 sobre la Ciudad del Fútbol construida en esta localidad.

El actual diputado autonómico del PP, que intervino en las negociaciones para ceder en 1998 una parcela de 120.000 metros cuadrados a la Real Federación Española de Fútbol, ha afirmado a la Fiscalía que "siempre ha actuado en convivencia con las personas que sabían del tema".

En su declaración, que se ha prolongado durante aproximadamente una hora, ha asegurado que no ha tomado ninguna decisión sobre este asunto que no haya sido aprobada por los abogados del Ayuntamiento y los servicios jurídicos externos.

La apertura de la vista oral se produce después de que la magistrada Susana Polo, miembro de la Sala Civil y Penal del TSJM, concluyese el pasado mes de diciembre la instrucción de la querella que la Fiscalía presentó en marzo de 2014 contra la Junta Municipal de Las Rozas por no ejecutar el fallo.

El TSJM admitió a trámite la querella de la Fiscalía en mayo por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por las reiteradas decisiones que se adoptaron en las juntas locales para no ejecutar la resolución de 2004 y otras posteriores que ordenaban la devolución de los citados terrenos.

Según la sentencia inicial del TSJM, los suelos se trataban de bienes demaniales y no patrimoniales, por lo que en consecuencia no podían ser objeto de tráfico jurídico-privado.

La cesión del suelo fue aprobada por el Ejecutivo del entonces alcalde Bonifacio de Santiago en un pleno municipal celebrado en septiembre de 1998, con los votos en contra de PSOE e IU.

En sus declaraciones de hoy el exalcalde ha recordado que finalmente adjudicaron la concesión demanial de uso deportivo de la Ciudad del Fútbol a la Real Federación Española de Fútbol siguiendo los criterios de los servicios jurídicos internos y externos.

Por su parte, su abogado, Bernardo del Rosal, ha pedido que se declare el delito de desobediencia como prescrito para su cliente.

La Fiscalía acusa al exalcalde de prevaricación y desobediencia y pide para él diez años de inhabilitación; mientras que para los exconcejales Francisco Javier Espadas López Terradas, José Luis Alvarez de Francisco, Gemma Matamoros Martínez, Juan José Ruiz Fernández y Antonio Garde Fernández Fontecha pide nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.