El TSJM juzga a los imputados por la Ciudad del Fútbol

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) juzgará desde el próximo martes 14 de abril al exalcalde de Las Rozas y diputado autonómico Bonifacio de Santiago, dos ediles y cinco exconcejales de la localidad por no ejecutar una sentencia de 2007 sobre la Ciudad del Fútbol.

La Fiscalía acusa a estos responsables de presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por no cumplir la sentencia de 2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM que obligaba al municipio a anular el acuerdo por el cual se cedió en 1998 una parcela de 120.000 metros cuadrados y 18.000 metros de edificabilidad a la Real Federación Española de Fútbol.

La apertura de la vista oral se produce después de que la magistrada Susana Polo, miembro de la Sala Civil y Penal del TSJM, concluyese el pasado mes de diciembre la instrucción de la querella que la Fiscalía presentó en marzo de 2014 contra la Junta Municipal de Las Rozas por no ejecutar el fallo.

El TSJM admitió a trámite la querella de la Fiscalía en mayo por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por las reiteradas decisiones que se adoptaron en las juntas locales para no ejecutar la resolución de 2004 y otras posteriores que ordenaban la devolución de los citados terrenos.

Según la sentencia inicial del TSJM, los suelos se trataban de bienes demaniales y no patrimoniales, por lo que en consecuencia no podían ser objeto de tráfico jurídico-privado.

La cesión del suelo fue aprobada por el Ejecutivo del entonces alcalde Bonifacio de Santiago en un pleno municipal celebrado en septiembre de 1998, con los votos en contra de PSOE e IU.

Ambos partidos denunciaron entonces que la operación era contraria a la ley porque los terrenos estaban calificados en el Plan de Urbanismo como bienes de dominio público, lo cual impedía su donación a una entidad privada como es la RFEF, cuya actividad no está orientada al uso y servicio de los vecinos.

La Fiscalía acusa al exalcalde de prevaricación y desobediencia y pide para él diez años de inhabilitación; mientras que para Francisco Javier Espadas López Terradas, José Luis Alvarez de Francisco, Gemma Matamoros Martínez, Juan José Ruiz Fernández y Antonio Garde Fernández Fontecha pide nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.

Por su parte, el ministerio público solicita la pena de siete años de inhabilitación para el exdiputado Pedro Núñez Morgades, que también formaba parte de la corporación, por prevaricación administrativa.

En su declaración ante la jueza en mayo, todos los imputados se ampararon en el trabajo de los abogados y de los expertos municipales y en que las actuaciones contaron con el asesoramiento de los técnicos del Consistorio.

Según el auto de la jueza, los imputados "actuaron con desprecio a las decisiones llevadas a cabo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, pasando por encima de la ley, con la finalidad de seguir beneficiando a la Real Federación Española de Fútbol".