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CASO LEVANTE-ZARAGOZA

"Si aquel encuentro se compró, fue por interés particular"

El actual vicepresidente Fernando Sainz de Varanda, y el secretario general, Francisco Checa, declararon en la Fiscalía por el presunto amaño del Levante-Zaragoza de 2011.

Sainz de Varanda, a su llegada a la Fiscalía.
Sainz de Varanda, a su llegada a la Fiscalía.Emilio Cobos

El vicepresidente y consejero del Zaragoza, Fernando Sainz de Varanda, y el secretario general del club maño, Francisco Checa, declararon este lunes en la Fiscalía Anticorrupción por el presunto amaño del Levante-Zaragoza disputado el 21 de mayo de 2011 (1-2). El primero lo hizo como representante legal de la entidad (es actual vicepresidente y consejero), ya que se investiga al club como persona jurídica. El objetivo para aportar más información sobre los movimientos de capital realizados por la entidad presidida en aquel año por Agapito Iglesias en los días previos al partido para ver si, como parece que será, se pueden pedir responsabilidades por delito monetario, soborno y fraude. El segundo, que fue consejero con el anterior propietario y que sigue en la actualidad en el club como secretario general, lo hizo como investigado. Francisco Javier Porquera, exconsejero que también había sido citado el pasado jueves y pidió aplazar su comparecencia, no acudió a la madrileña calle Manuel Silvela al estar en México.

El interrogatorio de Alejandro Luzón a los nuevos declarantes duró algo más de una hora. Estos llegaron a la Fiscalía poco antes de las diez de la mañana. Sainz de Varanda acudió con el Libro Mayor de cuentas donde están documentados dos movimientos de 95.000 y 300.000 euros que, según Agapito, sufragaron las 12.000 entradas para los zaragocistas y los autobuses. “Si se compró el partido, que no creo, fue por intereses particulares que perjudican al club. Yo estoy aquí para colaborar”, dijo Sainz de Varanda. Además, aseguró no saber nada de unas transferencias a jugadores. Esa versión también fue defendida por Checa, que tenía firma solidaria en las dos sociedades que financiaban el club (una de ellas Zaragoza Real State S.L.), aunque no hizo uso de ella. Checa aseguró que él contactó con el Levante para comprar las entradas pero que “fueron 6.000”, y que se hicieron dos pagos. Como dijo Quico Catalán, costaron 210.000 euros. Checa rebatió a la administración concursal y aseguró que “no había una prima por ese partido” pero sí “una prima previa ya pactada por la permanencia”. 

Al salir de la Fiscalía, Checa, en una posición más comprometida al haber sido la mano derecha de Agapito, no quiso hacer apenas declaraciones. “Estoy tranquilo”, fue lo único que acertó a pronunciar. Sainz de Varanda, por su parte, sí atendió a los medios al no estar implicado en los hechos: “A lo único que venimos aquí es a colaborar. Estamos preocupados por la imagen negativa que se está dando de la entidad en algunos casos como éste. Todo afecta, está claro. Algunos temas están perjudicando a nuestra imagen como club. Por una parte estamos tranquilos pero por otra, no. Nos preocupa más ahora el tema de Hacienda (quieren embargar las cuentas del club maño). Todo está como hace una semana y hay mucha preocupación”.

Con las comparecencias de Sainz de Varanda y Checa, ya son 24 los interrogados por el fiscal en cinco jornadas diferentes antes de que presente la querella de forma inminente (este mismo mes). Ellos han sido Agapito Iglesias, Gabi, Braulio, Jorge López, Diogo, Obradovic, Uche, Jarosik, Paredes, el director deportivo Antonio Prieto y los dos directivos que declararon hoy por parte del Zaragoza. Ballesteros, Iborra, Xavi Torres, Stuani, Caicedo, Cerra, Rodas, Manolo Reina, Robusté, Juanfran, Welligton y Quico Catalán (como testigo) por parte del Levante. El objetivo de Luzón es presentar la querella antes de que finalice este mes. El caso, por tanto, se judicializará al señalar a más de una veintena de implicados. El caso seguirá su curso en el Juzgado de Instrucción de Valencia, donde se conocerán los imputados. Estos se exponen a una pena de cárcel de entre seis meses y cuatro años de cárcel, a inhabilitaciones de uno a seis años y a fuertes multas económicas.