La Policía de Las Palmas: "No se admitirá una caza de personas"

La Policía defiende que no cabía responder a la avalancha de aficionados que invadió el campo de la UD Las Palmas el domingo pasado provocando "una batalla campal", pero también anuncia que se exigirán responsabilidades penales y administrativas a los protagonistas de los incidentes. "La Policía y la Fiscalía estamos trabajando y a los asaltantes que sean identificados, en virtud de lo que hayan hecho, se les van a exigir responsabilidades administrativas o penales", ha señalado a Efe el jefe superior de Policía de Canarias, Valentín Solano.

El Cuerpo Nacional de Policía está terminando hoy el informe que presentará a la Comisión contra la Violencia en el Deporte sobre lo ocurrido el domingo pasado en el estadio de Gran Canaria en el partido que disputaban la UD Las Palmas y el Córdoba con la última plaza de ascenso a Primera División en juego.

A falta de unos minutos para que acabara el encuentro, el árbitro se vio obligado a detenerlo porque algunos aficionados habían saltado al terreno de juego y muchos otros se estaban descolgando desde las gradas, dispuestos a seguirlos.

Cuando el equipo de seguridad retiró a ese grupo de seguidores incontrolados hacia las pistas de atletismo que rodean el césped, el partido se reanudó, el Córdoba marcó el gol que le daba la plaza de ascenso y se produjo una invasión del campo en la que hubo varios incidentes, entre ellos, algunas agresiones a jugadores del equipo rival, como atestigua una fotografía captada por la Agencia EFE.

La Policía está recopilando todo tipo de imágenes de lo ocurrido en colaboración el propio club y la Fiscalía de Las Palmas, porque considera que algunos comportamientos transgreden la mera invasión del campo (sancionable por vía administrativa como una infracción de la Ley del Deporte) y pueden ser materia de reproche penal. "Hemos visto imágenes de algunos de los asaltantes que lanzan objetos a las gradas, que intentan agredir a un jugador... Hay comportamientos que hemos estimado que deben ser objeto de persecución penal y otros que van a quedar en un expediente de sanción administrativa", ha explicado Valentín Solano.

Los agentes ya identificaron sobre el terreno a algunos de los protagonistas de los incidentes y siguen trabajando para poner nombres y apellidos a las personas que infringieron esa tarde la ley, en una tarea en la que colabora el propio club.

La Policía hace por ello un llamamiento a los aficionados a que dejen actuar a las autoridades y a que se abstengan de tomarse la justicia por su mano o de amenazar a aquellas personas a las que consideran responsables de que su equipo no subiera a Primera. "No vamos a admitir que nadie se tome la justicia por su mano o que empiece una caza de personas. Lo mismo que vamos perseguir penal o administrativamente a los asaltantes también vamos a actuar en caso de que haya amenazas o agresiones por parte de otras personas", ha señalado Solano, que subraya que ya investigan algunas amenazas graves contra algunos de los invasores del campo.

Respecto al origen de la invasión, el jefe superior de Policía considera que el problema partió de la decisión del club de abrir las puertas del estadio unos minutos antes de que terminara el encuentro, para facilitar la salida a quienes quisieran irse antes. "Ese fue el detonante. Hubo una avalancha de personas que estaban fuera, arrollaron a los trabajadores del club y de seguridad privada y accedieron directamente al campo. Eso es lo que provoca ese asalto", alega el oficial al mando de la Policía en Canarias, que remarca que el club ya ha asumido públicamente su responsabilidad.

Solano no entiende, en cambio, que se pueda acusar al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Angel Ramírez, de incitar a la violencia por unas declaraciones que realizó cuando el partido estaba detenido, en las que puso en cuestión el papel de la Policía, lo que hizo que algunos aficionados dirigieran sus reproches a los agentes. "Yo no considero que incitara a la violencia. Hay que entender que era un momento de tensión, de intranquilidad... Comprendo que, a lo mejor, las palabras que dijo el presidente pudieron ser malinterpretadas, pero públicamente él ha rectificado y ha reconocido que la responsabilidad es del club", ha añadido.

Solano defiende además que el despliegue de seguridad era "el adecuado" para este encuentro (110 policías y un centenar de vigilantes privados) y que no se daban las circunstancias reglamentarias para catalogar el encuentro como de "alto riesgo" (no había precedentes de incidentes entre ambas aficiones, ni existía un desplazamiento masivo de seguidores del Córdoba a Gran Canaria).

Además, subraya que, de haber sido catalogado el partido como tal, eso no hubiera incrementado necesariamente el número de efectivos, sino que se hubiera traducido en otras medidas, como separación física de las aficiones o mayores registros en los tornos de entrada al estadio.