RACING
Manos Limpias podrá ser acción popular en la causa del Racing
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha admitido la solicitud de Manos Limpias para ejercer la acción popular con fianza de 6.000 euros.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha admitido la solicitud de Manos Limpias para ejercer la acción popular en la querella sobre la venta del Racing, pero lo condiciona a que este sindicato preste previamente una fianza de 6.000 euros.
Manos Limpias había pedido autorización para ejercer la acción pública como acusación en la causa que está instruyendo el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para investigar si hubo malversación de fondos públicos en la venta del Racing de Santander.
Esta causa, que instruye la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, se dirige contra los exconsejeros cántabros de Economía, Angel Agudo (PSOE), y de Cultura y Turismo, Javier López Marcano (PRC) -que es diputado regional y, por tanto, aforado-, y contra el exdirector de la Coordinadora de Empresas Públicas (CEP), Luis Egusquiza, y el empresario Jacobo Montalvo.
Inicialmente se pidió a Manos Limpias que subsanara unos errores formales en su escrito y ahora el Tribunal Superior de Justicia aprueba esa personación, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
En un auto que se puede recurrir, la Sala de lo Civil y Penal establece que los escritos de personación de Manos Limpias cumplen todos los requisitos formales que se exigen para ejercer la acción popular.
Así, señala que Manos Limpias es un sindicato, que su solicitud ha sido suscrita por un letrado y un procurador con poder especial y que, además, acredita la personalidad de su representante legal y el acuerdo de ejercicio de la acción penal.
Pero se condiciona el ejercicio de la acción popular a que Manos Limpias deposite una fianza de 6.000 euros, para responder de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de la causa.
Manos Limpias está personada en casos como el que se está instruyendo contra el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, o el de los ERE de Andalucía.
A principios de año el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria admitió a trámite la querella presentada por la empresa pública Cantur por la venta del Racing, y se inició este proceso.
La decisión se adoptó en un auto dictado el pasado 10 de enero, en el que el tribunal reconocía que la querella de Cantur tiene "verosimilitud" y podría encajar, "a nivel indiciario", con los posibles delitos que se denunciaban.
Cantur sostiene que en aquella venta se pudo incurrir en presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a ente público y delito societario por administración fraudulenta o desleal, y apunta que la operación supuso una "pérdida irreversible" de casi 6 millones de euros para las arcas públicas.
Por el momento en esta causa se han producido ya varias declaraciones testificales, principalmente de personal y técnicos de empresas públicas y organismos como CEP Cantabria, el Instituto Cántabro de Finanzas (Icaf) o Cantur.
Tampoco se han producido aún las declaraciones de las personas contra quienes se dirige la querella.