El entuerto accionarial del Valencia CF tras la sentencia

“El Consell siente como una liberación”. La frase del vicepresidente del Consell de la Generalitat Valenciana deja a las claras el entuerto en el que habita el Valencia Club de Fútbol, cuya mayoría accionarial pasará a manos de Bankia en caso de que la Fundació VCF vuelva a no pagar en agosto el plazo de un préstamo de 81 millones de euros. Y ello a raíz de una sentencia del Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Valencia desvelada hoy y por la cual se anula la condición de avalista de la Generalitat Valencia en dicho préstamo y cuya garantía eran las acciones del club.

Para entender el sentimiento de “liberación” de la Generalitat Valenciana hay que retrotraerse en el tiempo y, sobre todo, quedarse con una cifra: 81 millones de euros más intereses (unos 20 millones más). Esa es la cantidad que la sentencia libera de pagar a la institución pública valenciana, todo un respiro en los tiempos que corren y más cuando cada vez menos ciudadanos entendían que la Generalitat pagara las 'deudas del fútbol' cuando infinidad de gremios están pendientes de percibir subvenciones y multitud de acreedores de la institución pública siguen sin cobrar.

¿Por qué la Generalitat Valenciana tenía tal carga económica? La respuesta la encontramos en la fórmula ideada en 2009 para llevar a cabo una ampliación de capital de 92 millones de euros. En aquellos tiempos el Valencia, con Manuel Llorente y Javier Gómez como cabezas visibles, propusieron a sus accionistas una ampliación por dos fines y con una condición sine qua non.

Por una parte el Valencia necesitaba liquidez para evitar entrar en Concurso de Acreedores. Por otra, la principal, la ampliación de capital se gestó para evitar que una empresa uruguaya llamada Dalport se hiciera con el poder accionarial del club.

Dalport se había hecho con el control de los títulos de Juan Soler y Vicente Soriano, entre otros grandes accionistas de la época con los que alcanzó un acuerdo. Pero a los gestores del Valencia (Llorente y Gómez), como también a las instituciones públicas (con Francisco Camps entonces de presidente de la Generalitat) y financieras (con Jose Luis Olivas como presidente de Bancaja, principal acreedor del club), no les daba crédito alguno tal empresa uruguaya. Y de ahí que incluyeran una condición para que la ampliación de capital tuviera validez: esta debería completarse en su totalidad, es decir, el club debería ingresar 92 millones de euros.

Con tal fórmula se lograban dos cosas: primero, que el club pudiera incluir en sus cuentas unos ingresos de 92 millones y evitar así entrar en situación de quiebra financiera; segundo, obligaba a Dalport a tener que desembolsar en una primera ronda de la ampliación de capital en torno a 50 millones de euros para mantener su cuota de poder accionarial.

En la primera ronda de venta de títulos los accionistas del Valencia, en pequeños paquetes su mayoría para poder beneficiarse de los descuentos en los pases, desembolsaron 18 millones de euros. Dalport no puso ni uno. Fue entonces cuando se llegó al acuerdo que en parte ahora el Juzgado número 3 de lo Contensioso-Administrativo de Valencia ha convertido en papel mojado.

La operación para completar la ampliación de capital en su totalidad y por lo tanto dejar en nada las acciones que tenía en posesión Dalport de Juan Soler y Vicente Soriano se puso en marcha. Bancaja (hoy Bankia) concedió un préstamo de 75 millones de euros a la Fundació VCF para que ésta comprara el sobrante de las acciones del Valencia CF. Y este préstamo estaría avalado por el Instituto Valencia de Finanzas, organismo de la Generalitat Valenciana, que en caso de tener que pagar por impago de la Fundació VCF recibiría como garantía las propias acciones. Dicho y hecho. Y así de primeras la Fundació VCF pasaba entonces a convertirse en el máximo accionista del club de Mestalla.

¿Qué condiciones tenía el préstamo? Durante los cinco primeros años de vigencia, la Fundació abonaría solo 4,2 millones de intereses y amortizaría capital en agosto de 2014 (unos 35 millones) y 2015 (unos 38 millones). Además, la Fundació VCF pagaría anualmente unos 500.000 euros al Instituto Valenciano de Finanzas por ejercer de avalista en el préstamo.

¿Cómo iba a poder pagar la Fundació VCF tal montante económico? En la respuesta radica en gran medida el ‘marrón’ que recientemente le cayó a la Generalitat Valencia y del que ahora se sienten “liberados”. La idea inicial era bien sencilla: el Valencia CF destinaría una parte de su presupuesto a pagar tal deuda de la Fundació.

Pero la premura de tiempo con la que hubo que poner en marcha aquella ampliación de capital para evitar que Dalport se hiciera amo y señor del Valencia y, en consecuencia, que pudiera comprar a su antojo sus activos (derechos federativos de jugadores, parcela de Mestalla, nuevo estadio, Ciudad Deportiva de Paterna…), provocaron que los servicios jurídicos cometieran el grave error de no leer la letra pequeña (o si lo hicieron que cruzaran los dedos para que nadie más lo hiciera).

¿Y qué decía la letra pequeña? El Valencia no podía dar ni un euro a la Fundació VCF porque se podía entender como asistencia financiera y se podría incurrir en un delito societario. Y como a las primeras de cambio un grupo de accionistas no solo impugnaron la ampliación de capital sino que además anunciaron que presentarían una demanda si el Valencia CF hacía algún tipo de donación a la Fundació para que ésta pagara el préstamo, el 28 de agosto de 2010, ya en el primer plazo, la Fundació VCF no pudo hacer frente a los 4,2 millones de euros.

¿Cómo se solucionó entonces? Hay una expresión valenciana que define lo que se hizo: “Pata y avant (patada y hacia delante)”. La Fundació VCF solicitó un nuevo préstamo de seis millones que sumó a los 75 millones (81 en total). Lo hizo con el único fin de poder pagar los intereses atrasados y ganar dos años hasta nuevo pago. La crisis no había llegado aún a la banca. Pero sí en 2012.

El verano pasado la Fundació VCF tampoco pudo hacer frente a los 4,2 millones del vencimiento del préstamo (cabe decir que el presupuesto de la Fundació VCF en su quehacer diario asciende a solo dos millones de ingresos). Buscaron fórmulas pero todas estaban al filo de la asistencia financiera. Llamaron de nuevo a la puerta de la Generalitat para ampliar el préstamo, aunque esta vez los que antaño les recibían (el gabinete de Camps) ya no estaban y el gobierno valenciano (ahora con Alberto Fabra) prefirió que se ejecutara el aval antes que dar luz verde a otro préstamo. Entre otros motivos, porque no querían hacer suyo un error de gestión anterior y poder justificar como herencia recibida ante la opinión pública la ayuda a un club deportivo privado como es el Valencia CF.

Y así fue. El pasado mes de enero, una vez la Fundació VCF ya había anunciado públicamente que no podría hacer frente al pago de agosto de 2012, la Generalitat Valencia ingresó en sus cuentas cinco millones de euros para que Bankia se los pudiera cobrar. Desde entonces el Consell del gobierno valenciano se convertía oficiosamente en dueño de las acciones del Valencia CF, aunque oficialmente los títulos siguieran en poder de la Fundació VCF (cuyo patronato, por cierto, sufrió una remodelación en febrero y al frente de la cual se quedó en calidad de presidente en funciones Mateo Castellá, Director general de Deportes de la Generalitat).

El propio José Císcar, vicepresidente del Consell, anunció a principios de marzo que la Generalitat tenía una “hoja de ruta” sobre el futuro social de la Fundació y en consecuenca del Valencia, el cual desvelaría “antes de Fallas” (empiezan el viernes). Pero el juez de lo Contensioso-Administrativo de Valencia se les ha adelantado y les ha “liberado”. Anula el aval que caía sobre la Generalitat y por lo tanto la sentencia convertirá a Bankia en dueña de las acciones del club a partir del próximo mes de agosto si la Fundació VCF no le paga, porque no olvidemos que a día de hoy está al corriente de pagos gracias a la ayuda económica percibida en enero por el que era su avalista: la Generalitat.

La sentencia, lógicamente, abre un nuevo panorama social entorno al Valencia y deja infinidad de preguntas sin respuesta, como por ejemplo, ¿deberá Bankia devolver a las arcas de la institución de todos los valencianos los 4,2 millones del pago del último plazo?, ¿deberá la Generalitat devolver a la Fundació los 500.000 euros anuales que percibía el Instituto Valencia de Finanzas por su condición de avalista?, ¿quiere o le interesa a Bankia ser la máxima accionista de un equipo de fútbol, en este caso el Valencia CF?