LPF | Firma del protocolo para reducir la deuda
Los clubes con deudas podrán ser expulsados
Medidas serias por incumplir el protocolo firmado ayer.
Los clubes de fútbol podrán ser expulsados de la competición, penalizados con pérdida de puntos, los dirigentes de la LFP pueden ser inhabilitados, se podrá retener el 35 por ciento de los ingresos por los derechos televisivos, así como suprimir los ingresos de la Quiniela... Estas son algunas de las medidas que figuran en el protocolo para reducir y controlar la deuda de los clubes españoles con Hacienda.
El pacto fue firmado ayer por José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, y José Luis Astiazarán, presidente de la LFP.
"La deuda del fútbol la va a pagar el fútbol. En ningún caso estamos hablando de perdonar un solo céntimo de euro y rebajar esta deuda. Estamos estableciendo un mecanismo para darle mayor fuerza a la garantía de ese pago y establecer plazos ciertos", explicó el ministro Wert, quien detalló que la deuda actual es de 675 millones, y que "el protocolo se va a cumplir pase lo que pase".
Control. A partir de ahora, el CSD ejercerá un control administrativo sobre la LFP para comprobar que ésta cumple estrictamente los estatutos y reglamentos. En caso de no hacerlo, se incluyen sanciones como la inhabilitación de los dirigentes de la LFP y la supresión de los ingresos provenientes de las Administraciones Públicas (subvenciones, quinielas, patrocinios...).
A su vez, la LFP obligará a los clubes a facilitar la información fiscal y la obligación de estar al corriente de las obligaciones tributarias. El incumplimiento llevará pérdida de puntos y hasta la expulsión de la competición. A partir de la temporada 2014-15, a los clubes se les podrá retener el 35 por ciento de los ingresos por derechos televisivos.
Hacienda responde a Bruselas
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que el protocolo marca "un buen punto de partida". Sin embargo, el colectivo no comparte la queja presentada en Bruselas, donde se asegura que las facilidades concedidas en España por la Administración son 'ayudas de Estado', prohibidas por la libre competencia. A su juicio, estas actuaciones no constituyen una ayuda ilegal, aunque sí reconocen que suponen "un trato condescendiente" que crea una doble vara de medir respecto a los deudores tributarios convencionales.