El futuro del Racing está pendiente de la fiscalía

La confesa intención de Justo García Barros, titular del juzgado nº4 de primera instancia de Santander, de conceder tres días para que le quiten de la cabeza su idea inicial de declararse incompetente en el caso de las medidas cautelares solicitadas contra Alí ha introducido un nuevo jugador en el terreno de juego: la fiscalía.

García Barros ha dado de plazo hasta el martes a las 15:00 horas a los abogados de Cantur, Manolo Higuera y Jesús Pellón, y a la fiscalía para que informen "sobre la posible incompetencia territorial de este juzgado". Los argumentos de los demandantes van a ser, obviamente, los mismos que no le han convencido pero que podrían verse muy reforzados si el ministerio público coincide con ellos.

En su defecto.

La clave está en esas tres palabras. La ley de Arbitraje dice que cuando se soliciten medidas cautelares sobre un caso que está en proceso arbitral "será tribunal competente el del lugar en el que el laudo debe ser ejecutado (Madrid), y en su defecto el del lugar en donde las medidas deban producir su eficacia (Santander)". ¿Que quería decir el legislador cuando puso 'en su defecto'? ¿Que no existiera juzgado en esa demarcación, que estuviera colapsado o que fuera más práctica para la apariencia del buen derecho y la efectividad de la medida la segunda demarcación? El racinguismo confía en que los fiscales se abonen a las tesis de Higuera y de Pellón.

Los dos abogados santanderinos han incrementado en las últimas horas sus contactos con Gómez Acebo&Pombo, el bufete madrileño contratado por el Gobierno de Cantabria (el de Revilla también se asesoró con ellos durante la negociación del año pasado con Alí Syed) para asesorar a Miguel Cabetas, consejero delegado de Sodercan, en este asunto.

Son, por tanto, tres los bufetes involucrados ya que Higuera y Pellón no suelen trabajar juntos y tiene cada uno su propio despacho. Los dos abogados santanderinos tienen un pasado racinguista muy dilatado en el tiempo y, según ha manifestado el presidente de Cantabria en varias ocasiones, han renunciado a cobrar por llevar el caso. Jesús Pellón ha sido durante muchos años asesor jurídico del club y Manolo Higuera fue jugador y, luego, directivo.

Diego, contra la inhibición

El presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, opinó ayer desde Saro, donde inauguraba un parque, sobre la posibilidad de que Justo García Barros, titular del juzgado nº4 de Santander se declare incompetente y no decida sobre la petición de medidas cautelares sobre las acciones de Alí: "confío en que el juez no se inhiba en el caso del Racing, aunque en cualquier caso respetaré la decisión que tome". El presidente, que aseguró que sus asesores legales "han fundamentado suficientemente las razones", no adelantó cuales serán los siguientes movimientos del ejecutivo en el caso de que García Barros ejecute su intención inicial de declararse incompetente.