Alí incumplió ayer otros dos pagos: 2,85 millones

Alí Syed continúa aumentando su estadística de morosidad: ayer vencieron los terceros plazos que debía haber abonado tanto a Dumviro, la empresa de Montalvo, como a Cantur por la compra de las acciones del Racing. No lo hizo. En el primer caso debía haber entregado 1,5 millones de euros y en el segundo, 1,35. Obviamente, no fue una sorpresa ya que a estas alturas nadie espera que el indio cumpla con sus obligaciones económicas.

De hecho, el propietario de WGA, técnicamente la poseedora del 99% de las acciones del Racing, no ha pagado a Jacobo Montalvo más que medio millón, el que entregó a la firma del contrato, de los siete en que se fijó el precio de venta. Al Gobierno, a través de su empresa Cantur, le pagó motu proprio sólo el plazo inicial, ya que el segundo fue cobrado a través de la ejecución de un aval que, por cierto, no ha repuesto.

Ausente. La realidad hasta ahora del papel del asiático en el Racing es que ha puesto 5,5 millones de euros entre lo abonado a los vendedores, un pago a Hacienda de 1,4 millones y una nómina de 450.000 euros que adelantó desde Suiza. A eso hay que sumar los numerosos gastos en viajes y fastos en los que incurrió durante aquellos cuatro meses de extravagancias y mentiras.

A cambio ha logrado ser el hazmerreír del fútbol europeo y gastar fama de estafador a nivel mundial. Lo curioso es que, al menos en este caso, a nadie le pidió en Cantabria ni un euro. Su capacidad de influencia en el Racing es nula: Pernía ("mis ojos, mis oídos...") no le coge ni el teléfono.

Al Gobierno de Cantabria ya no le caben dudas

Los asesores legales del Gobierno de Cantabria tenían en las últimas semanas una duda: saber si WGA era o no, técnicamente, moroso ante Cantur. Desde el 26 de julio esa duda se ha desvanecido. Lo es. La razón por la que los abogados discutían el tema es porque, aunque WGA no abonó en tiempo y forma el pago, el dinero del segundo de los plazos acabó en las arcas regionales una vez que se ejecutó el aval de Credit Suisse que se adjuntó a la firma de los contratos de compraventa de las acciones. Era, al parecer, discutible que se le pudiera demandar entonces por impago. Ahora, sí. El problema es que hacerlo es una decisión política.