El fútbol adeuda 630 millones al Estado

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Mixto a instancias de Francisco Jorquera, diputado del BNG, de instar al Gobierno para que adopte las posturas necesarias para que los clubes de fútbol paguen cuanto antes las deudas que arrastran con Hacienda y la Seguridad Social, entorno a unos 630 millones de euros.

Igualmente se solicita al Ejecutivo a demandar a todos los responsables de la disciplina deportiva para investigar, sancionar y corregir "las posibles irregularidades que pongan en cuestión la limpieza y al transparencia de la competición". Por último, y en el apartado del control económico, se deja abierta la puerta a la limitación del gasto en los fichajes de jugadores para lograr el necesario equilibrio presupuestario en los clubes.

Todas peticiones ya están contempladas en el proyecto de nueva Ley del Deporte que en diciembre ya será estudiado por el Consejo de MInistros para su presumible aprobación. Dentro de la Liga Profesional ya conocen todos los detalles, incluso el hecho de que ya no será obligatorio el hecho de que todos los clubes que participen en su competición se tengan que convertir en sociedades anónimas y que van a contar con el apoyo del Gobierno en el apartado de televisión, como por ejemplo que ya no sea obligatorio retransmitir un partido en abierto. El próximo 5 de octubre nueva reunión de la Junta de Primera para unificar todos los pormenores de la nueva normativa en el apartado económico.

Sanciones contra las deudas

Aunque los clubes luchan para conseguir independencia a la hora de realizar un control económico, la realidad es que en la nueva Ley del Deporte se resalta que será la Administración la encargada de crear un organismo para vigilar la tesorería de los conjuntos profesionales y que tendrá un reglamento sancionador para evitar que aumenten las deudas. Se va a aplicar la normativa que ha impuesto la UEFA este año y que por ejemplo ya ha provocado que el Mallorca no juegue este año en Europa. Leyes Concursales o Administraciones Judiciales representarán que no se participe en el fútbol profesional. El gasto en plantillas será de un 70 por ciento del presupuesto de la entidad.