Se cumplen 10 años de la intervención judicial del club
Fue el 22 de diciembre de 1999
El 22 de diciembre de 1999 el juez Manuel García Castellón embargó las cuentas del Atlético, destituyó a todo su consejo de administración y nombró a Luis Manuel Rubí administrador judicial de la entidad. La medida fue consecuencia de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y trece personas más.
El por entonces presidente del club fue depuesto en su cargo y tanto él como a su vicepresidente, Enrique Cerezo, le fueron incautadas el 94,5 % de las acciones del Atlético. El fiscal acusó a Gil de haber adquirido fraudulentamente el club y de un beneficio ilícito de 9.427 millones de las antiguas pesetas. El administrador judicial, Luis Manuel Rubí, inició desde ese momento un proceso judicial que condenó a Jesús Gil a tres años y medio de prisión.
Noticias relacionadas
El fiscal Anticorrupción Carlos Castresana acusó a los querellados de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y delitos societarios. En enero de 2000, García Castellón desestimó el recurso presentado por Jesús Gil y el resto de imputados, confirmando su auto.
En abril, Rubí afirmó que el balance de la sociedad reflejaba "una situación de quiebra técnica", pero ese mismo mes el Atlético evitó la suspensión de pagos gracias a un dinero ingresado por una resolución FIFA favorable contra el Rangers por el traspaso de Prodan. Días después el juez acordó reponer en sus cargos a los antiguos gestores y sustituir la administración judicial por una intervención. El 7 de mayo de 2000 el equipo descendía a Segunda.
