Audiovisual | Fútbol
El Gobierno aprobó por Real Decreto Ley la TDT de pago
Prisa denuncia su "intervencionismo en los mercados".
El Consejo de Ministros aprobó ayer, mediante Real Decreto Ley, la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago. El Grupo Prisa anunció ayer, en un comunicado de Prensa, "su rechazo de la utilización, una vez más, por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de un procedimiento de urgencia, sin justificación objetiva alguna, para regular aspectos parciales del modelo audiovisual".
"El recurso a un decreto-ley para establecer la TDT de pago, que trata de eliminar las serias objeciones y advertencias del Consejo de Estado respecto al proyecto del Ministro de Industria, pone de relieve el intervencionismo del Gobierno en el normal funcionamiento de los mercados", señala Prisa.
"El hecho es más grave aún si se tiene en cuenta que el propio Ejecutivo ya estudió hace más de un mes un anteproyecto de ley audiovisual que contempla las cuestiones ahora reguladas con precipitación. La utilización de la figura jurídica del decreto-ley para un tema no urgente y sobre el que no existe demanda social alguna, desdice de los usos democráticos y es una forma de despojar a los agentes perjudicados (operadores y consumidores) de toda posibilidad de defensa jurídica de sus intereses", continúa.
"El que la decisión se haya tomado en pleno mes de agosto, aprovechando la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para adoptar medidas contra la crisis económica, añade preocupantes perfiles políticos al arbitrismo gubernamental", añade.
Acciones.
El grupo Prisa, según puntualiza en su nota, "confía en que durante el trámite de control legislativo de este decreto-ley se ponga de relieve en el debate parlamentario el clientelismo del Gobierno en su política audiovisual".
Prisa "lamenta que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incurra en el mismo error que el gobierno de José María Aznar, cuando en enero de 1997 intentó regular por decreto ley la televisión de pago con las consecuencias que posteriormente se produjeron. En concreto, la condena al Estado por parte del Tribunal Supremo a indemnizar con más de 24 millones de euros a Sogecable".
El grupo Prisa anunció que "ejercitará las acciones que estén a su alcance para defender sus derechos, máxime teniendo en cuenta los precedentes existentes".