La Audiencia Nacional sí puede investigar y sancionar

La Liga Profesional no era ajena a la situación. Todo lo contrario. Estaba al tanto aunque sin pruebas suficientes como para abortar o denunciar los distintos casos de los que tenían información extraoficial directa o porque se hubiera publicado en los medios de comunicación. Era un hecho que cada final de temporada la presunción sobre compra-venta de partidos era cada vez mayor. Tal era su preocupación al respecto que el 11 de junio envió al Consejo Superior de Deportes (CSD) un escrito en el que alertaba de "la existencia de distintos intentos de fraude o falseamiento de los resultados deportivos" y le adjuntaba un informe sobre un proyecto de Ley contra el fraude en el deporte que viniera a solventar la laguna actual en el Código Penal, que no contempla la figura del "fraude deportivo". Tampoco el ordenamiento jurídico deportivo vigente ofrece ninguna respuesta apropiada en Derecho para evitar estas actuaciones fraudulentas.

La aparición reciente de dos casos de partidos presuntamente amañanados no ha sorprendido a los responsables de la Liga Profesional que reconocen sentirse defraudados por la respuesta del CSD que les contestó que una vez trasladado su escrito al Ministerio de Justica éste consideró que la estafa y el fraude ya están tipificados como tales en el Código Penal y no existía la necesidad de incluir una nueva figura (fraude deportivo).

Traslado.

A pesar de ello, la Justicia Ordinaria sí está capacitada para investigar y sancionar estos casos una vez que reciben la denuncia, que es lo que ha hecho el Comité de Competición de la FEF que ha dado traslado del caso Málaga-Tenerife a la Fiscalía Anticorrupción y cabe pensar que hará lo mismo el martes con el Athletic-Levante. Competición no tiene facultar para investigar. Lo más que podía hacer es citar a declarar a los interesados que logicamente negarían las acusaciones y ahí se acaba su margen de acción. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado puede nombrar un fiscal instructor que instruya las denuncias y lo lógico es que los casos sean enviados a la Audiencia Nacional que sí tiene capacidad, primero para investigar y después sancionar si considera que ha podido haber delito de fraude o estafa. En ese supuesto, la sentencia vincularía otra vez al Comité de Competición, que debería dictar su fallo en el plano deportivo.

Juristas con amplia experiencia en el mundo del fútbol consultados por AS son escépticos, sin embargo, a que se puedan encontrar indicios de culpabilidad en estos casos denunciados porque ya es difícil encontrar pruebas que incriminen a los interesados, salvo que estos lo reconozcan públicamente y se expongan entonces a ser sancionados.