Muertos en lo deportivo, ahogados en lo económico

Si preocupante es el momento deportivo que atraviesa el Murcia, angustioso se presenta el futuro económico de la entidad. Un devenir en el que se juntarán gastos adquiridos de equipo de Primera e ingresos irrisorios que harán imposible soportar las cuantiosas fichas del primer plantel y los gastos derivados de una estructura 'superpoblada'. Un panorama tendente a la depresión en el que no pocos visualizan la Ley Concursal como una de las pocas soluciones financieras con las que soportar el mal trago que se viene.

La misma Ley Concursal a la que se han visto sometidos equipos en apuros como Málaga, Sporting o Las Palmas entre otros, y que permitiría al club renegociar una deuda que en el ejercicio pasado (el propio Samper lo hizo oficial) rozaba los 20 millones de euros -el balance del curso pasado tuvo un desfase de 9 millones de euros- y que después de esta temporada aumentará.

Si el Real Murcia se agarrará a un Concurso en el que muchos dentro del club ya piensan, la entidad grana podría renegociar y aplazar el altísimo coste, entre otros, de una plantilla que tiene unas altas fichas; de un plantel (más los futbolistas con contrato en vigor que se hallan en estos momentos cedidos en otros clubes) con el que o se negocian sí o sí sus salidas o podría llevar al club a un estrangulamiento financiero que acabaría con los años de tranquilidad en lo económico del mandato Samper. Precisamente el más reacio de todos a tomar una decisión en la que todo quedaría a expensas de la autoridad competente y en la que como contraprestación, como aspecto negativo, todos los gastos, por mínimos que estos sean, deben estar supervisados, controlados y aprobados por el juez encargado de instruir el procedimiento.

Una ley para tapar los agujeros económicos

La Ley Concursal es la denominación utilizada para designar al conjunto de normas que regulan los procedimientos concursales. Estos procedimientos son la búsqueda para la lograr la situación integral y obligaciones pendientes de pago de un deudor, ya sea mediante un convenio o mediante la liquidación forzada de sus activos. Esta Ley regula la manera de efectuar los pagos cuando una empresa se declara insolvente.