Del Nido, imputado por el Fiscal Anticorrupción
"No tengo nada que temer", se defiende el presidente
La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer dos querellas en los Juzgados de Marbella por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos contra Juan Antonio Roca y Julián Muñoz, así como contra el abogado José María del Nido Benavente, por delitos similares.
"No tengo absolutamente nada que temer. Me he limitado a prestar mis servicios profesionales al Ayuntamiento de Marbella y a sus sociedades municipales. Las minutas que he cobrado del Consistorio han sido con arreglo a las normas establecidas por el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga", dijo Del Nido a diversas agencias.
Indicios.
En su auto, el fiscal establece que hay "abundantes y evidentes indicios" de que Julián Muñoz, ex alcalde marbellí, y Del Nido llevaron a cabo una acción concertada para enriquecer al abogado a costa del erario municipal con la cobertura formal de unos encargos que, en algunos casos no se corresponden con el trabajo desempeñado "y en ningún caso justifican el enorme desembolso de fondos públicos".
Estas querellas de Anticorrupción nada tienen que ver sumarialmente con la denominada Operación Malaya. La querella que imputa a Del Nido nace en unas diligencias iniciadas en enero de 2005 por Anticorrupción. Las diligencias se practicaron tras un informe del Tribunal de Cuentas que hallaba "indicios de responsabilidad penal" tras la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades durante 2000 y 2001. Parte de las minutas pagadas a Del Nido lo fueron por alegaciones al Tribunal de Cuentas.
Para la Fiscalía, "la conducta de Muñoz y Del Nido encaja plenamente en los tipos penales de fraude y malversación de caudales públicos", siendo imputado el ex alcalde en concepto de autor y Del Nido como cooperador necesario. Se observa que los encargos a Del Nido se hicieron sin tramitar el preceptivo expediente previo.
Según el auto, Del Nido facturó 3,1 millones de euros en 2000 y 2001 al Ayuntamiento de Marbella y a sus sociedades (1,5+1,6), pero se considera "más alarmante" el que la facturación total del letrado ascendiese a 6,7 millones entre 1999 y 2003. "Cantidades absolutamente desproporcionadas", agrega la Fiscalía.
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