Primera | Atlético de Madrid

El Atlético expulsará a los vándalos

La Policía le entregará su informe el jueves. El club retirará los carnets de los culpables nada más saber sus nombres. La Policía no podrá saber quién tiró la botella de whisky. El Atlético aún no ha podido visionar el material grabado en el partido.

<b>EL FINAL. </b>Los ánimos se encresparon durante el partido entre Atlético y Sevilla. El comportamiento del público y el de los jugadores le puso las cosas difíciles a Ayza Gámez.
Jorge García Hernández
Redactor jefe de fútbol
Jorge García Hernández (Palma de Mallorca, 1978) es redactor jefe de Fútbol. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es canterano del Diario As, donde entró en 2001. Fútbol base y Cierre como antesala a 15 temporadas siguiendo al Atlético de Madrid. Después, AS.com y Fútbol internacional.
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El Atlético no quiere dar tregua a los violentos y ayer dio un nuevo paso para terminar de esclarecer los hechos del pasado jueves durante el partido ante el Sevilla, que tuvo que ser suspendido por Ayza Gámez durante media hora. El club rojiblanco tuvo una reunión de seguridad con responsables de la Policía y se ha puesto de plazo el próximo jueves como fecha tope para tomar las primeras medidas por el lanzamiento de objetos durante el encuentro.

La Policía le hizo llegar al Atlético un informe sobre el avance de las investigaciones a partir de las imágenes grabadas desde la UCO, la Unidad de Control Operativa a la que llega la señal de las cámaras que hay distribuidas por todo el campo y por los aledaños.

Todo el material visual en formato DVD grabado durante el partido está en posesión de la Policía desde el momento en que concluyó el partido y los responsables del cuerpo le han comunicado al Atlético que el próximo jueves procederá a hacerle llegar la identificación de varios de los sujetos que arrojaron objetos durante el partido.

El Atlético tiene la intención de, en cuanto conozca los nombres de las personas, proceder inmediatamente a retirar su carnet de abonado. De igual manera, la Policía le ha dicho al Atlético que si bien sí serán identificados los lanzadores de sillas y latas desde el fondo, no podrá hacer lo mismo con la persona que arrojó la botella de whisky, ya que analizadas las imágenes la botella fue lanzada desde la zona del córner, no desde el fondo, y además el tumulto de gente que había en esa zona en el momento del lanzamiento hace imposible la identificación del sujeto.

El Atlético se está tomando en serio esta cruzada contra la violencia, pero también se siente desprotegido, como todos los clubes de la Liga. La prueba evidente es que no podrá revisar los vídeos que se grabaron en su propio estadio hasta que no sean devueltos por la Policía el jueves. Es por ello que el Atlético pretende la celebración de un foro para tratar el tema de la violencia en los estadios en el que se cuente con la participación de Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado para el Deporte, la Delegación del Gobierno y el presidente de la Comisión Antiviolencia.

El objetivo es atar cabos para lo que queda de esta temporada, pero sobre todo poner los pilares para la próxima campaña donde la prevención de hechos como los de Mestalla o los del pasado jueves en el Calderón debe ser una de las obsesiones.

El club del Manzanares espera pues a tener en sus manos el informe de la Policía, pero para que no queden dudas de sus intenciones, y si los resultados de la investigación no les parece los suficientemente satisfactorios, llevaría a cabo unas pesquisas personalmente con la intención de hilar más si cabe e identificar a la mayor cantidad de personas posible.

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La UCO central no está en funcionamiento.

El Vicente Calderón está dotado con una UCO (Unidad Central Operativa) desde donde se controla lo que sucede en el estadio por una red interna de cámaras. Cada estadio tiene la suya y hace tiempo se concibió una idea de conectarlas todas para ser controladas por un organismo central al mismo tiempo. Fue precisamente José María Aznar, como presidente del Gobierno, quien inauguró la UCO central, ubicada en la sede de la Policía en Canillas, pero no ha llegado a estar nunca operativa. El problema es la falta de acuerdo entre la Liga de Fútbol Profesional y el Ministerio del Interior. Éste último cedió los terrenos para la construcción del dispositivo, pero entendía que el funcionamiento y las infraestructuras debían correr a cuenta de la Liga, quien piensa que no debe ser ella quien haga frente a los gastos de funcionamiento. La falta de un acuerdo ha hecho que no haya podido llevarse a cabo el proyecto de conexión de todos los campos y la estrategia de vigilancia global. Eso facilitaría y aceleraría las investigaciones en torno a sucesos como los del pasado jueves en el Calderón. La funcionalidad de la UCO ha sido probada en diferentes acontecimientos deportivos y sociales.

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