La Junta de Garantías ha exigido a la Federación Española de Fútbol que comunique sin excusa ni pretexto la documentación solicitada en la anterior resolución, en concreto el dinero que han cobrado los miembros de la Junta Electoral (los presidentes de Competición, Apelación y Jurisdicción) por el ejercicio de sus funciones y la persona que les ha nombrado para estos cargos. Pese a que la FEF, en sus alegaciones, se negó a facilitar esta información al considerar que se vulneraba la normativa que afecta la protección de datos, en el nuevo requerimiento se advierte de que la decisión está sustentada en una disposición superior, como es la Ley del Deporte. En lo que respecta a la segunda de las peticiones (por quién fueron designados para dirigir los organismos disciplinarios), se concluye que no se ha practicado debidamente la prueba, por lo que procede demandarla de nuevo, a la mayor brevedad y, en cualquier caso, antes de las 14:00 horas del 29 de septiembre.

La territorial de Aragón denunció la composición de la Junta Electoral al entender que vulnera la reglamentación, tanto porque existe una dependencia económica entre sus integrantes y la FEF (perciben alrededor de 19.800 euros anuales) como porque fueron nombrados por uno de los candidatos a las elecciones: Ángel María Villar. La Junta de Garantías depende del CSD. Recientemente rechazó el nombramiento de la Junta Electoral por defecto de forma. Con posterioridad, la FEF volvió a elegir a los mismos miembros: Alfredo Flórez, José Mateo y José Javier Forcén.