Jesús Gil: "No me gustaría morirme pasando por un ladrón"

El presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, ha dicho que no le gustaría morirse "pasando por un ladrón", en la última sesión del juicio por las presuntas irregularidades en la transformación del club en sociedad anónima, que quedó visto para sentencia.

Durante el turno de la última palabra, Gil se dirigió al tribunal de la Audiencia Nacional que le ha juzgado para reiterar su inocencia y decir que si el Atlético ha sobrevivido es porque él se ha "dejado la piel" y ha puesto 126 millones de euros desde que llegó al cargo en 1987.

El fiscal pide 17 años y seis meses de prisión para Gil, diez años y seis meses para su hijo y director general del club, Miguel Angel Gil Marín, y seis años para el vicepresidente Enrique Cerezo, por los delitos de apropiación indebida, falsedad contable y otorgamiento de contratos simulados.

"Llevo cuatro años oyendo que soy un ladrón, un malversador, un estafador, y ya no sé que hacer, todos los días son un martirio", afirmó Gil, quien reiteró que si el "Atlético de Madrid ha vivido" ha sido porque él ha puesto "dinero constantemente".

Se sintió engañado

Según Gil, le engañaron cuando accedió a la presidencia del Atlético, pues le dijeron "que la deuda del club era del diez por ciento", y aseguró que "el peor día de su vida" fue el 30 de junio de 1992, fecha fijada para la transformación del Atlético en sociedad anónima deportiva, "porque si no aparecía el dinero en efectivo, el club estaría en segunda división".

Asimismo, aseguró que se hizo todo lo que dijo el Consejo Superior de Deportes y que él es "el único presidente de un club de fútbol al que le obligaron a comprometerse a no elevar el canon negativo del patrimonio del club", en referencia al compromiso adquirido con este organismo para llevar a cabo el saneamiento del Atlético.

El presidente del Atlético aseguró asimismo que el club para "poderse mantener necesita que no esté más intervenido" y reiteró que no ha "mentido jamás" y que "nadie se ha llevado un solo duro".

Una vez fuera de la sala, y al ser preguntado por su impresión sobre el juicio, Gil aseguró que sabe "que es una Sala seria" y que "está esperanzado" porque "realmente la Fiscalía no ha podido probar nada".

Conclusiones de los abogados

"Nosotros hemos hecho todas las pruebas periciales testificales perfectamente y el fiscal sólo se ha limitado ha descalificar, y en la vida una cosa es buscar titulares periodísticos y luego hay que probar", sentenció Gil.

Los otros acusado, Enrique Cerezo y Gil Marín no quisieron añadir nada cuando se les permitió ejercer su derecho a la última palabra.

Durante la vista oral de hoy, presentaron sus conclusiones los abogados de estos dos últimos, quienes vinieron a suscribir las argumentaciones realizadas en su día por el letrado de Jesús Gil, Horacio Oliva y pidieron también la libre absolución para sus defendidos.

El abogado de Enrique Cerezo, Rafael Marcos, aseguró que éste "no ha participado en la gestión económica del Atlético de Madrid", ni antes de la transformación del club en sociedad anónima deportiva ni después.

Añadió que su defendido fue llamado por Gil a formar parte de la dirección del club con el objetivo de llevar la relación del Atlético con los medios de comunicación y que las veces que ha intervenido ha sido para "facilitar dinero".

Deuda del club con Gil

El letrado también afirmó que a lo largo de todo el proceso ha sido acreditada la existencia de una deuda del club con Gil de 12 millones de euros, deuda que el fiscal anticorrupción considera "ficticia" y, que al igual que el presidente del club, Cerezo hizo efectivo el desembolso en cuentas de titularidad del Atlético necesario para la transformación.

Afirmó también que ambos delitos han quedado prescritos, ya que han transcurrido más de cinco años desde que supuestamente se cometió la apropiación indebida, el 30 de junio de 1992, hasta cuando se presento la querella el 24 de julio de 1999; y tres en relación al delito de falsedad contable, el último de los cuales supuestamente se cometió en junio de 1996, cuando la querella fue presentada en julio de 1999.

El abogado de Gil Marín, Pablo Jiménez de Parga, centró también su intervención en el tema de la prescripción y en el hecho de que su defendido no pudo incurrir en delito de falsedad contable ya que cuando fue nombrado director general en 1992, "no tenía encomendado la elaboración de las cuentas generales, y no es hasta 1996 cuando empieza a tener responsabilidades económicas".

El fiscal Anticorrupción Carlos Castresana considera que se han producido irregularidades en la transformación del club rojiblanco en sociedad anónima deportiva que ha hecho que Gil y Cerezo se hayan hecho con el 94,5 por ciento del capital social del club "sin pagar cantidad alguna por las acciones, por lo que, además de las penas de cárcel, ha pedido que sus acciones sean "vendidas en subasta pública".