El Ministerio de Consumo, con Alberto Garzón a la cabeza, ha decidido poner fin a los números ‘902’ como teléfonos de atención al cliente. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley que modifica la ‘Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios’. Se cumple así una de las principales intenciones del ministro desde hace meses.

Con este cambio, los sobrecostes derivados de llamar a empresas destinadas a servicios básicos van a empezar a desaparecer a partir de hoy martes 22 de diciembre de 2020. Estas compañías tendrán que disponer obligatoriamente de un número gratuito para aquellos que quieran hacer una consulta, acabando con el pago adicional de estas líneas de tarificación.

Una práctica que se consideraba “abusiva”

Desde el Gobierno se entendía que ya había que acabar con estos números, que se consideraban “abusivos”, perjudicando principalmente a aquellas rentas más bajas. El Ministerio de Consumo había adelantado en septiembre que pretendía llevar a cabo esta prohibición y que solo quedaba realizar un proceso de consulta pública a la ciudadanía y a las distintas asociaciones.

Esta decisión tiene respaldo europeo, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal estos servicios por superar el precio de una llamada normal en 2017, hace tres años. Por tanto, se sigue el camino marcado a nivel continental.

¿A quién afecta?

Hay un gran grupo de empresas al que esta modificación va a perjudicar, viéndose obligados a contar siempre con un número fijo o móvil de atención al cliente. Estas líneas se tendrán que incluir en las tarifas planas que ofrecen las compañías y se acabará así el mencionado sobrecoste.

Entre las empresas que prestan estos servicios básicos y que deben cambiar su manera de atender a sus clientes y cualquiera que quiera realizar una consulta son las relacionadas con el agua, la electricidad o el gas, u otras en ámbitos más concretos como los financieros, los seguros, los postales, los transportes, la salud, el saneamiento, o los residuos.