Ciclismo | Caso Contador

Zapatero: "No hay razón jurídica para sancionarle"

La próxima semana, el Comité de Competición de la Federación emitirá un fallo definitivo tras estudiar las alegaciones de Contador, basadas en demostrar que es posible la tesis de la contaminación alimentaria. Y al de Pinto le llegó ayer un apoyo inesperado: el del presidente.

<b>EN LA MONCLOA. </b>Alberto Contador, en su última visita a Moncloa tras ganar el Tour de 2010.
J.A.Ezquerro
Diario AS
Actualizado a

Alberto Contador presentó el lunes sus últimas alegaciones ante la propuesta de un año de suspensión por parte del Comité de Competición de la Federación Española. En el informe, de 36 páginas, expone que debe ser absuelto, ya que tanto el Comité, como la Agencia Estatal Antidopaje (AEA) y la Unión Ciclista Internacional (UCI), concluyen en sus respectivos dossieres que la única explicación posible a su positivo por clembuterol es la contaminación alimenticia.

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La resolución definitiva se producirá a principios de la semana próxima. Y los miembros del Comité no quieren leer informaciones para no verse condicionados. Pero les será difícil. Ayer, el mismo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a través del twitter de la secretaría de Comunicación, dijo que "no hay ninguna razón jurídica para sancionar a Contador". Una afirmación escueta pero lapidaria.

Siguiendo con el informe, de las cuatro hipótesis que se barajaban como causantes del positivo -transfusión, microdosis, suplementos vitamínicos e intoxicación-, la propia instructora, Carmen Victoria López Muñoz, reconoce que la contaminación por ingesta accidental debe ser valorada, descartando las otras tres. Así, la defensa de Contador se aferra al artículo 297 del Código Mundial Antidopaje que recoje una eximente de responsabilidad si el atleta puede establecer el origen de la sustancia y demuestra que no hubo falta o negligencia en su conducta. Por eso el madrileño también detalla cómo presentó una denuncia ante el Gobierno Vasco para que se investigara en el matadero y en la carnicería de Irún un presunto delito contra la salud pública.

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