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Ciclismo

La Operación Puerto espera el auto para la apertura del juicio oral

"Estamos en la fase intermedia. El ministerio fiscal ha pedido una prueba adicional para que se remita por escrito una documentación del caso y después se dictará auto para la apertura del juicio oral", explicó la directora general de Infraestructuras del CSD, Matilde García.

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La Operación Puerto espera el auto para la apertura del juicio oral, según dijo la directora general de Infraestructuras del Consejo Superior de Deportes (CSD), Matilde García, quien reconoció que la tardanza en la resolución "no ayuda a la imagen global" de la política de España contra el dopaje.

"Estamos en la fase intermedia. Se dictó el auto firme, se ha dado traslado a las partes acusadoras y el ministerio fiscal ha pedido una prueba adicional para que se remita por escrito una documentación del caso y después se dictará auto para la apertura del juicio oral", explicó.

García asistió hoy al Foro Ferrándiz, en el que el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, el director general de Deportes, Albert Soler, y el director de la Agencia Estatal Antidopaje (AEA), Javier Martín del Burgo, hablaron sobre el sistema antidopaje español.

"El Comité Olímpico Italiano consiguió unas pruebas ilícitamente, que se le habían denegado a la Abogacía española del Estado y a la Fiscalía", afirmó la directora del CSD, en alusión a la confirmación hecha por el CONI de que el ADN de una de las bolsas de sangre de la Operación Puerto coincide con el del ciclista español Alejandro Valverde, suspendido por ello durante dos años.

Matilde García comentó que su opinión "como jurista" -es abogado del Estado- es que el proceso "es muy lento", pero España "es un estado de derecho". "La justicia española es lenta, pero segura", dijo.

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó en enero de 2009 la reapertura de la Operación Puerto al considerar que existen indicios de un delito contra la salud pública, según el artículo 361 del Código Penal, después de que el juzgado de instrucción número 31 de Madrid archivara la causa.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía de Madrid recurrieron el archivo del caso, hasta el momento la mayor redada de la historia contra el dopaje en el deporte que se desarrolló en mayo de 2006 -antes de la entrada en vigor de la Ley Antidopaje española-, cuando la Guardia Civil descubrió en Madrid un laboratorio con grandes cantidades de bolsas de sangre almacenada y aparatos de análisis.

Tras este descubrimiento fueron arrestados el médico Eufemiano Fuentes, el entonces director deportivo del equipo ciclista Liberty Seguros, Manuel Saiz, y el directivo del equipo Comunidad Valenciana Ignacio Labarta, entre otros.

Aunque la lista de clientes de Fuentes abarcaba presuntamente a varios deportes, sólo cuatro ciclistas fueron sancionados en sus respectivos países: Ivan Basso, Scarponi y Caruso en Italia, y Jorg Jaksche en Alemania. Alejandro Valverde fue suspendido en mayo de este año.

La causa ya fue archivada en marzo de 2007 por el mismo juez, al entender que no había delito contra la salud pública.

Aquella decisión conllevó el levantamiento de las medidas cautelares relacionadas con el procedimiento y la presentación de un recurso de la Abogacía del Estado y la petición de la Fiscalía de que se anulara el archivo de la causa.

Los recursos contra el archivo fueron estimados parcialmente por la sección número 5 de la Audiencia Provincial de Madrid, que el 14 de febrero de 2008 ordenó al juez la reapertura parcial del caso.

La Audiencia entendió entonces que podía haber indicios de delito y determinó que continuaran las diligencias a partir del informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El juez, en su auto firmado el 26 de septiembre pasado, afirmaba que las conclusiones de dicho informe "son determinantes al manifestar que de no encontrarse algún daño físico no se podría relacionar con la existencia de eritropoietina; así como en el caso de las autotransfusiones en las que se hace mención a una serie de riesgos sobre el paciente".

Sin embargo, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía de Madrid consideraron que pudo existir riesgo para la salud de los ciclistas, motivo en el cual basaron la presentación del recurso de apelación que motivó una nueva reapertura.