El Comité Olímpico Italiano (CONI) decidió ayer en Roma prohibir a Alejandro Valverde competir en cualquier prueba italiana. La sanción es cautelar hasta que, en el plazo de treinta días, el Tribunal Nacional Antidopaje italiano (TNA) emita el fallo definitivo explicando los motivos de la decisión. Una vez salga publicado, los abogados del ciclista ya han anunciado que recurrirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y a otros organismos.
En la audiencia estuvieron también representantes de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Ambos organismos mostraron su respaldo a la decisión del CONI, según confirmó el propio agente de Valverde, Antonio Sánchez. De ser así, la sanción se extendería al resto del mundo. Si bien, Pat McQuaid, presidente de la UCI, no quiso pronunciarse hasta que reciba "la decisión del CONI y los motivos de la misma".
Por idéntica razón declinó opinar Juan Carlos Castaño, presidente de la Federación Española de Ciclismo. Mientras que el Consejo Superior de Deportes y la Agencia Estatal Antidopaje se reiteraron en el comunicado que facilitaron el 1 de abril. Es decir que, aunque respetan "la autonomía del CONI y el libre ejercicio de actuación en el ámbito de su competencia", recuerdan que la Operación Puerto "fue llevada a cabo por orden de un juzgado español y, por tanto, debe ser la justicia española quien resuelva definitivamente un procedimiento".
Por contra, sí fue muy claro en sus manifestaciones Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, quien recordó que la ronda francesa cruza este año territorio italiano y no ve lógico que Valverde entre en Italia con el pelotón del Tour.
Valverde no estuvo presente en la audiencia y estuvo representado por sus abogados, José Rodríguez y Federico Cecconi, su representante Antonio Sánchez, y el abogado de su equipo, Paco Fernández Maestre.
Stefano Bovis, director de Asuntos Legales del CONI, denunció que su organismo "está siendo víctima de una intimidación por parte de los abogados del entorno de Valverde", por la querella que presentaron contra ellos por posibles delitos de desobediencia a las autoridades judiciales españolas y por falsedad documental.
