BALONCESTO | TRIBUNALES

Sáez, condenado a un año de cárcel por apropiación indebida

El exdirigente de la FEB deberá también abonar una multa de 3.375 euros. Se le acusa de cargar al organismo público gastos privados durante varios años.

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Sáez, condenado a un año de cárcel por apropiación indebida
RAFA APARICIO DIARIO AS

El expresidente de la Federación de Baloncesto (FEB) José Luis Sáez ha llegado a un acuerdo por el que acepta un año de cárcel por apropiación indebida durante su gestión, al igual que el exsecretario general Luis Giménez, que ha aceptado seis meses de cárcel de cara al juicio al que ambos se enfrentaban esta semana.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en el juicio celebrado esta mañana se ha ratificado la conformidad alcanzada por ambos procesados, acusados de cargar al organismo público gastos privados. Fuentes próximas a Sáez han precisado que, en su acuerdo con la Fiscalía y la Federación Española de Baloncesto, ha admitido una responsabilidad civil por importe de 47.700 euros. La denuncia de esta gestión llevó a Sáez a dimitir del cargo de máximo dirigente de la FEB en verano de 2016.

La Fiscalía Anticorrupción pedía para Sáez cuatro años de cárcel, multa de 21.000 euros y una indeminización para la Federación de 136.885 euros, y para Giménez un año y nueve meses de cárcel y multa de 9.000 euros. Tras el acuerdo alcanzado entre los procesados y la Fiscalía, la Sección 29 de la Audiencia Provincial ha condenado en firme a José Luis Sáez Regalado por un delito continuado de apropiación indebida a un año de prisión y una multa de cuatro meses y quince días con una cuota diaria de 25 euros, que suman 3.375 euros.

El ex secretario general y exdirector económico de la FEB, Luis Giménez, ha sido condenado a seis meses de prisión y al pago de una multa de tres meses con una cuota diaria de 25 euros, lo que asciende a 2.250 euros. La causa que se cierra ahora comenzó en 2016 tras una denuncia del entonces presidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, contra el que era entonces secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal.

En su querella, Escañuela incluyó documentación con la que buscaba demostrar que recibía un trato discriminatorio del CSD, frente al que tenía la Federación Española de Baloncesto y las supuestas irregularidades que se habían detectado. El entonces titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, Juan Antonio Toro, acordó el sobreseimiento de la querella y abrió otras diligencias contra los entonces presidente y secretario general de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez y Luis Giménez, respectivamente, en las que ya no estaba personado Escañuela.

Escañuela solicitó a Toro que uniera a las actuaciones que ya había archivado una copia digitalizada de las diligencias abiertas contra Sáez y con posterioridad pidió al juez copia de las diligencias en las que se investigaba a los responsables de la FEB. En diciembre de 2017 el magistrado planteó ser apartado de la causa una vez que los dos principales imputados presentaron sin éxito contra él una querella por prevaricación, dos incidentes de recusación y dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ya en enero de 2019 la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superiorde Justicia de Madrid (TSJM) abrió juicio oral contra el juez por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos en esa investigación, y la Fiscalía solicitó una condena de inhabilitación especial de quinceaños para Toro.

Toro estaba señalado también por supuestamente haber ofrecido ayuda al expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar apenas una semana antes de que fuera detenido en el marco de la operación Soule. Finalmente el TSJM condenó a Toro, en junio de 2019, a tres años de inhabilitación por un delito de prevaricación imprudente en concurso con otro de revelación de secretos. Pero recurrió al Tribunal Supremo y este alto tribunal le absolvió al no apreciar delito porque, aunque se importaron unas diligencias a otras sin seleccionar la información, no fue una resolución "manifiestamente injusta", ni un caso de imprudencia grave. Así el magistrado ejerce actualmente en los juzgados de lo Penalde la capital.