¿Qué parte de los impuestos se quedan las comunidades y cuáles tienen cedida su recaudación?
Existen dos tipos de sistemas tributarios autonómicos, el común y el foral. Solo Navarra y País Vasco gestionan sus propios impuestos.
![Archivo - Monedas y billetes de euro.](https://img.asmedia.epimg.net/resizer/v2/SWJS7PF5ABONVEMCMO2MMX2WRM.jpg?auth=0ab753660dc6646b9949fdd3bbb1bb5ceb9b4ff2028954970240ac7d67a024e7&width=360&height=203&smart=true)
En el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para conseguir los votos del partido catalán e investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, además de la Ley de Amnistía, el PSOE se comprometió a negociar cambios en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para reconocer la “singularidad” de Cataluña y plantear la cesión del 100% de los tributos que se pagan en la autonomía.
¿Cómo funciona el sistema tributario español? Tenemos un régimen común en el que el Estado recauda el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales (como trabajo y bebidas alcohólicas). Más tarde, cede a cada región el 50% del IRPF y del IVA recaudado en cada autonomía y el 58% de los Especiales.
Pero también existe otro régimen, el foral, del que disfrutan País Vasco y Navarra. Estas comunidades gestionan sus propios tributos. Lo que pide ahora Cataluña es un modelo parecido al vasco y al navarro.
El régimen común trata de estabilizar las desigualdades económicas entre las diferentes comunidades y redistribuir la riqueza en el territorio español. El modelo de financiación común se basa en los principios de solidaridad y equidad, dos conceptos que podrían verse amenazados si se produce la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña. “Si Cataluña sale va a ser imposible mantener el sistema de solidaridad de impuestos”, explicó en Telemadrid la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.
En el acuerdo de legislatura, el PSOE se compromete a buscar medidas para facilitar “la autonomía financiera” de Cataluña y “el acceso al mercado” de la comunidad autónoma. Además, se pretende “promover” el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años.