¿Pueden ser despedidos o degradados los funcionarios con la nueva Ley de Función Pública?
La Unión Europea ha exigido cambios al Ejecutivo español con las pruebas de desempeño, individuales, que evaluarán la conducta profesional y el rendimiento de los empleados públicos.
El Gobierno de España ha presentado varias reformas esenciales en la Administración Pública, debido a que desde la Unión Europea se ha exigido la aprobación de un decreto de medidas urgentes en relación con la Ley de Función Pública.
La principal novedad pasa por la realización de las denominadas “pruebas de desempeño” a los funcionarios del Estado. El decreto se ha titulado como “Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo”. Este pone un fuerte énfasis en la evaluación anual del desempeño de los más de tres millones de empleados públicos en España.
El origen de estas reformas se debe a que desde la UE solicitaron cambios al Ejecutivo español con el objetivo de garantizar la eficiencia y calidad de los servicios públicos. Esta reforma o cambio se ha establecido como un requisito obligatorio para poder acceder a los fondos europeos destinados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según la información de El Periódico, la condición de funcionario “no se perderá” en el supuesto de quien estas pruebas de desempeño no se superen. En este sentido, el mencionado diario apunta a que la oposición de los sindicatos a la pérdida del puesto de trabajo ha sido fundamental para que el Gobierno retirara esta opción. Sin embargo, los funcionarios sí pueden ser degradados e incluso pueden perder salario.
Pruebas de desempeño
Aunque el Ejecutivo es el responsable de establecer los criterios de las pruebas de desempeño, ha decidido acordar junto a los sindicatos como serán estos “exámenes” para los funcionarios. Las pruebas se basarán en un procedimiento anual donde se evaluará la conducta profesional y el rendimiento de los empleados públicos con el fin de mejorar la productividad y la calidad de los servicios públicos.
Las pruebas de desempeño se realizarán de forma individual, donde influirán aspectos cruciales como el sueldo, los ascensos, los traslados e incentivos salariales. Esta evaluación será obligatoria. Dependiendo del resultado de las pruebas, se llegarán a establecer dos nuevos complementos salariales. El primero de ellos será el “complemento de carrera”, el cual recompensará la progresión en la trayectoria profesional del trabajador, y el segundo el “complemento por desempeño”, vinculado a las evaluaciones obligatorias durante la carrera profesional.
Oposición de los sindicatos, clave para evitar despidos
Varios sindicatos de trabajadores como UGT o CCOO criticaron el anteproyecto de ley, afirmando que “abría la puerta a remover a trabajadores por evaluaciones de desempeño sin defensa administrativa”. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también presentó críticas y planeó alegaciones, considerando que el texto carece de concreción y garantías.
En cambio, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) celebró la evaluación del desempeño, pero advirtió acerca de la implementación práctica dejada en manos del Gobierno. El anteproyecto de ley debe ser sometido a un proceso de información pública, del cual pueden presentarse cambios, antes de pasar por el Consejo de Ministros e iniciarse el trámite parlamentario.