Prisión comunicada y sin fianza para el acusado del crimen de Mocejón
El magistrado instructor le ha imputado un delito de asesinato y le ha exigido a las instituciones penitenciarias que traslade al joven a un “centro, unidad, o departamento adecuado a la situación de discapacidad”.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La-Mancha a ‘El País’, el individuo de 20 años detenido por el crimen de Mateo, el niño de 11 años que murió apuñalado el pasado domingo, ha sido enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza por orden del juzgado de instrucción número 3 de Toledo.
Más concretamente, el magistrado instructor le ha imputado un delito de asesinato y le ha pedido a las instituciones penitenciarias que traslade al joven J. P. C. a un “centro, unidad, o departamento adecuado a la situación de discapacidad” del imputado.
En profundidad
Ha sido puesto a disposición judicial este jueves detenido por su relación con los hechos ocurridos la mañana del pasado domingo en la localidad toledana de Mocejón, en los que ocurrió una desgracia que ha conmocionado a toda la localidad.
El detenido ha comparecido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo, encargado de las Diligencias Previas abiertas, tal y como ha confirmado hace escasos minutos mediante un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Más detalles
Antes de tomar declaración, cabe destacar, el juez instructor ha solicitado informe al médico forense, cuyo resultado ha determinado la necesidad de realizar el interrogatorio al investigado con adaptaciones a su situación de discapacidad, tal y como recoge el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Adaptación que ha consistido, de acuerdo a la extensa información proporcionada por ‘Europa Press’, en nombrar a una facilitadora que ha asistido al investigado durante toda su declaración ante el juez, a fin de ayudarle a entender y ser entendido.
A tener en cuenta
El juez instructor, al margen de este informe forense oficial, también ha pactado exigir dictamen forense acerca de la imputabilidad del investigado, que deberá realizarse, en todo caso, durante la instrucción del procedimiento judicial.
Una vez resuelta la situación procesal, el juzgado ha solicitado a Instituciones Penitenciarias el traslado del investigado a centro, unidad o departamento adecuado a la situación de discapacidad del mismo. Y no solo eso: se ha levantado el secreto de sumario que se había establecido sobre el procedimiento judicial abierto.
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