Piden tres años de cárcel para una mujer que cobró 80.000 euros de pensión de una persona que murió en 1998
La acusada falsificó la firma y el sello del Certificado de Defunción de su pareja para certificar que la beneficiaria de la pensión seguía con vida.
Suplantar la identidad de una persona muerta y cobrar su pensión son delitos muy graves que se llevan sucediendo durante años. Esta vez ha ocurrido en Murcia, donde una mujer ha sido acusada de cobrar la pensión de viudedad de la madre de su pareja hasta 2016, a pesar de que la fallecida llevaba muerta desde 1998.
El Fiscal a cargo del caso ha solicitado una pena de tres años de prisión para la acusada, y el juicio tendrá lugar el miércoles 14 de febrero a las 10:00 horas en la sala 006 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia. Además, la pareja de la acusada e hijo de la beneficiaria de la pensión de viudedad falleció el 1 de noviembre de 2007.
La imputada recibía el cobro de la pensión desde la Caja Suiza de Compensación, la cual le ingresaba mensualmente la cantidad correspondiente a la beneficiaria. Pese a que ella falleció en 1998, la entidad no recibió la comunicación de su muerte hasta el 22 de enero de 2016 por parte del Ministerio de Justicia español.
79.296,468 euros estafados
Originalmente, la pensión otorgaba una cuantía de 240 euros, aunque posteriormente pasaron a ser unos 430 euros mensuales, según el Ministerio. Después de percatarse de la estafa, la Caja Suiza de Compensación, mediante la Cooperación Judicial Internacional, ha concluido que la cantidad de dinero que cobró la acusada de forma indebida es de 88.479 francos suizos, unos 79.296,468 euros.
De esta forma, el Fiscal acusa a la estafadora de obtener un “beneficio patrimonial” y “lucrarse de lo ajeno”, al no comunicar a la entidad suiza el fallecimiento de la beneficiaria y cobrar su pensión de manera continua desde 1998 hasta 2016. Para poder ejecutar la estafa, la acusada enviaba certificados de vida con la firma de un funcionario del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y el sello del citado Consistorio, para así demostrar que su suegra estaba viva.
La firma de dicho funcionario la falsificaba del Certificado de Defunción de su pareja, traspasando el sello y la firma al documento en el que ella certificaba la fe de vida de la beneficiaria. El Fiscal culpa a la acusada de un delito de estafa agravado por la cuantía y de un delito continuado de falsedad documental por el que procede imponerle una pena de tres años de cárcel. Además, solicita una indemnización de 79.296 euros para la Caja Suiza de Compensaciones.