No sólo la tasa de alcoholemia de la DGT: este es el cambio que puede haber en los controles de la Guardia Civil y Policía con multas de hasta 1.000 euros
De prosperar la medida, el hecho de avisar de la presencia de controles móviles por diferentes canales estará tipificado como delito, con sanciones desde los 1.000 euros.


El consumo de alcohol está detrás de una gran parte de los accidentes de tráfico. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), de los 862 conductores que fallecieron en carretera y que fueron sometidos a autopsia y análisis toxicológico, más de la mitad (un 53,6%) dieron positivo en alcohol u otras sustancias.
Por eso, tanto el Gobierno como las autoridades pertinentes tratan de buscar las medidas necesarias para que el consumo al volante se reduzca la mínima expresión. Cuanto más cerca de cero, mejor. Por ello, el Congreso de los Diputados ha votado (177 votos a favor, 32 en contra y 135 abstenciones) una propuesta para reducir la tasa de alcohol en sangre, de los 0,5 gramos por litro a los 0,2 gramos.
Una medida que, de aprobarse, entraría en vigor una vez se modificase el artículo 20 del Reglamento de Circulación, relativo a las tasas de alcohol en sangre y aire espirado. La medida, presentada por el PSOE el pasado mes de octubre, pretende “evitar más pérdidas irreparables”, según explicaba la formación socialista por entonces. Pero no es esta la única medida que entraría en vigor.
Avisar de radares, un delito
La nueva normativa endurecerá también las sanciones para quienes adviertan a otros conductores de la presencia de controles móviles de detección de alcohol y drogas. De este modo, esta acción pasará a considerarse como delito, con penas incluso de prisión, además de multas económicas y pérdida de carnet de conducir de entre uno y cuatro años.
En la actualidad, las sanciones por esta práctica van desde los 500 euros de multa (junto a la pérdida de cuatro puntos del carnet). Con el cambio, la sanción se incrementaría hasta los 1.000 euros y la pérdida de seis puntos.
¿Cuándo entrará en vigor?
Ahora, la proposición de ley será remitida a la comisión competente, y se abrirá el plazo de enmiendas, tal y como indica el artículo 126.5 del Reglamento del Congreso. En caso de haber enmiendas a la totalidad se celebraría un debate de totalidad. Y, finalmente, si se aprueba en la Cámara Baja, el siguiente paso es ser remitida al Senado para avanzar en su tramitación parlamentaria.
Un proceso largo que, en el mejor de los casos, no terminaría de ser concretado hasta el tercer o el cuarto trimestre de este año 2025.
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