La ‘mafia del diésel’, investigada: un fraude de 1.900 millones
Según informa la Cadena SER, opera desde hace más de 13 meses en España. El entramado comienza con la alteración de la nacionalidad del combustible.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), unidad de la Agencia Tributaria especializada en la investigación de los casos de fraude, junto con las autoridades de competencia, ha abierto una investigación acerca de la ‘mafia del diésel’.
Un fraude de combustibles, especialmente de diésel, que alcanza los 1.900 millones de euros y que, según informa la Cadena SER, opera en España desde hace más de 13 meses. De hecho, sus consecuencias han tenido impacto tanto en las estaciones de servicio, como en los consumidores. Su origen tiene lugar en la alteración de la nacionalidad del diésel refinado en Marruecos o Turquía, simulando que se habría refinado, cargado y descargado en alguno de estos países.
Sin embargo, ese carburante procede de Siria, Rusia o Irán, tres países con límites de exportación. Después, los “operadores fantasma” son los actores clave de esta trama. Estos serían los responsables de vender ese carburante a un precio netamente inferior al del diésel legal. La emisora, de hecho, ha destacado que la diferencia oscila entre los 40 y 60 céntimos.
Por ello, las autoridades trabajan para indagar acerca de la actividad de estos operadores, entes que se registran, aparecen y desaparecen en un periodo de tan solo tres meses. Un hecho que habría provocado que las gasolineras no fueran conscientes del presunto origen fraudulento del carburante, así como de la compra del diésel a dicha red, que centra el foco de atención de la investigación.
Presunto triple fraude; sin riesgo para los coches
Además, la emisora destaca que estos “operadores fantasma” incurrirían en un presunto triple fraude: de IVA, de biocombustibles y de ‘fondo de eficiencia’, y cuya estimación sería de los 1.900 millones mencionados anteriormente. Datos de Hacienda, según la información, sitúan el inicio del fraude en 2022.
Destaca el caso del primero, del cual se sospecha de la posibilidad de que pudieran haber comprado el diésel, venderlo por un precio inferior al de referencia y cobrar el IVA, pero que no lo pagaran a Hacienda. Con ello, se embolsarían el 21% y posteriormente desaparecerían. Sobre si la presencia del carburante en los depósitos de los vehículos supone un riesgo, la SER informó que no representa ningún riesgo, pese a que sea más contaminante al no disponer de la cantidad de biocombustibles que marca la ley.
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