El Gobierno pone en marcha un teléfono para denunciar el racismo
Se trata del teléfono 021, que ayudará a “las personas que sufran, hayan sufrido o conozcan situaciones de discriminación racial o étnica”, según ha señalado La Moncloa en Twitter.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha activado un teléfono para denunciar casos de racismo. Según ha comunicado La Moncloa a través de su cuenta de Twitter, “las personas que sufran, hayan sufrido o conozcan situaciones de discriminación racial o étnica” pueden llamar al teléfono 021.
Todo ello, la semana en la que ha saltado el debate sobre si la sociedad española es xenófoba después de los constantes insultos racistas al atacante del Real Madrid, Vinicius Jr. durante algunos partidos de fútbol. Ante estas circunstancias, el Gobierno brasileño está estudiando tomar acciones legales si las autoridades españolas no actúan contra los autores de los insultos racistas en Mestalla.
¿Qué incluye el servicio?
La creación de este teléfono se anunció en julio de 2022, pero se ha activado en el día de hoy. Según informa la Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad Étnico Racial, dependiente del Ministerio de Igualdad, el servicio incluye la la averiguación para determinar cómo se produjo el incidente racista, asesoramiento jurídico inmediato, resolución de conflictos, redacción de escritos de carácter jurídico, y el asesoramiento a la víctima de los recursos disponibles.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado la necesidad de aprobar cuanto antes una Ley contra el Racismo. “Necesitamos tramitar ya la Ley contra el Racismo. Sólo con más educación, formación y cambiando la política de extranjería avanzaremos hacia un país mejor”, ha recogido en un comunicado del Ministerio.
Ley contra el Racismo
Entre otras cosas, la Ley contra el Racismo propone modificar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, para que todas las personas extranjeras que carezcan de su autorización de residencia en España y que hayan sido víctimas de discriminación, intolerancia o delitos de odio, queden exentas de responsabilidad administrativa y no se les incoe expediente administrativo sancionador.,
Por si esto fuera poco, también pretende establecer medidas de acción positiva de carácter temporal para luchar contra el racismo estructural; luchar contra los discursos de odio, en concreto en los medios de comunicación, incluidas las plataformas digitales y las redes sociales; o incluir curriculares en todas las etapas educativas para explicar detalladamente las causas y los efectos del racismo estructural.
De la misma manera, la Ley quiere establecer la elaboración de protocolos contra el acoso racista, que las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras tengan que crear planes contra el racismo y la discriminación racial y que los poderes públicos promuevan la erradicación de cualquier posible manifestación de racismo en el deporte.