Apela por una multa de 58 euros, gana la batalla legal, pero se deja casi 30.000 euros en ello
La mujer recurrió una multa de estacionamiento y cuatro años más tardé terminó pagando una cifra mucho más elevada asociada a los gastos judiciales.
Una mujer de Australia Meridional que decidió impugnar una multa de estacionamiento de apenas 58 euros terminó embarcándose en un largo proceso judicial que le costó cerca de 30.000 euros en honorarios y gastos legales, según informa Ouest‑France.
El incidente se remonta a 2021. Cuando una mujer, identificada como la Sra. Mathie, recibió una multa por estacionar en doble fila en la avenida Boucaut, al norte de Adelaida, cerca de un colegio privado.
La sanción original, equivalente a unos 104 dólares australianos, fue impuesta por una infracción vinculada al aparcamiento. La mujer consideró que la multa era injusta y optó por recurrir a los tribunales en vez de pagarla de inmediato. Lo que en principio parecía un gesto administrativo relativamente sencillo se transformó en una batalla judicial de varios años.
Tras presentar la reclamación inicial ante las autoridades locales, el caso escaló a instancias superiores. La demandante buscaba la anulación de la multa por considerar que no existían motivos suficientes para su emisión, alegando que no estaba estacionada, sino atrapada en un atasco, y que no podía maniobrar sin infringir otras normas de seguridad vial. A medida que avanzaba el procedimiento, los plazos se alargaron y los costos asociados también crecieron.
Finalmente, aunque obtuvo una decisión judicial favorable que anuló la multa de 58 euros, los gastos acumulados por asesoría jurídica, tasas de justicia y otros costes asociados hicieron que acabara desembolsando aproximadamente 28.000 euros para llevar el caso adelante.
El caso ha generado atención porque ilustra cómo una disputa por una sanción menor puede convertirse en un procedimiento oneroso para el ciudadano cuando se prolonga en el tiempo y pasa por varias instancias. Aunque la decisión del tribunal le dio la razón, el coste global resultó muy desfavorable para la demandante.
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Expertos en derecho administrativo señalan que, en muchos sistemas jurídicos, incluido el francés, existe la posibilidad de recurrir una multa ante tribunales, pero advierten de que los procedimientos pueden ser largos y costosos. Esto puede disuadir a ciudadanos con recursos limitados de ejercer su derecho a impugnar sanciones, incluso cuando quienes las reciben creen que éstas se han impuesto de manera injusta.
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