Primera condena en España por difundir bulos

Desde el presente mes de noviembre ya existe un precedente en España de una persona condenada penalmente por el hecho de difundir falsas noticias (fake news) para estigmatizar a un colectivo concreto. Se trata de un Guardia Civil que publicó en sus redes sociales una grave agresión a una mujer, que atribuyó a menores no acompañados (conocidos con las siglas de MENA) de un centro de Canet de Mar, en Barcelona.

Las imágenes en sí eran reales, pero no así su asignación: ocurrieron en China y fueron difundidos por las autoridades locales para dar con el agresor. Ahora el condenado se enfrenta a una sanción de 15 meses de cárcel por un delito contra los derechos fundamentales (lesionar la dignidad de las personas por motivos discriminatorios). Aunque la pena ha sido aceptada por el hombre, no tendrá que ingresar en prisión: queda suspendida con la condición de que no vuelva a delinquir y de que siga un curso de reeducación.

Y es que el condenado, que responde a las iniciales de J. M., acepta que en el mes de julio de 2019 publicó un mensaje en su cuenta de Twitter “movido por su animadversión y rechazo a los inmigrantes extranjeros de origen marroquí”. El mensaje compartido en redes sociales hace ya tres años era el siguiente. “Aquí tenéis el vídeo del MENA [sigla con la que se identifica, en ocasiones de forma despectiva, a los menores no acompañados] marroquí de Canet de Mar. A esos que le vamos a dar una paguita hasta los 23 años, los niños de Pedrito Piscinas. Por cierto, luego para más inri la viola, estos energúmenos y estas manadas de marroquíes no saldrán en los medios”.

Evolución del caso

Días antes de la publicación de este mensaje se había producido una agresión sexual en Canet, presuntamente a manos de dos menores de un centro de acogida. Y meses antes, algunos de los vecinos de la localidad habían responsabilizado a estos jóvenes de problemas de inseguridad. El vídeo compartido, de 45 segundos de duración, alcanzó casi las 22.000 visualizaciones. En él se observa como un hombre propina 15 puñetazos y siete patadas en la cabeza a una mujer.

La sentencia concluye que el hombre difundió el vídeo “con manifiesto desprecio a la verdad”, con el objetivo de difamar de forma global a los menores no acompañados de otros países. Con estos mensajes, sigue la sentencia dictada con la conformidad de la Fiscalía y el propio acusado, “aumentan entre la población los prejuicios y estereotipos contra este colectivo”.

Además del mencionado bulo, en el perfil social del guardia civil había diferentes publicaciones “de naturaleza xenófoba y racista”. Gran parte de estos mensajes fueron publicados en el verano de 2019, y el caso pudo prosperar gracias a la insistencia de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, el estamento encargado de elevarlo a la Fiscalía.

Durante la investigación el acusado se prestó a borrar dos perfiles en Twitter y, recientemente (antes del juicio), otro más en Instagram. Con todo ello, la sentencia le impone una pena de 15 meses de cárcel, el pago de una multa de 1.620 euros y la inhabilitación para dedicarse a oficios con menores. El ingreso en prisión, como se ha mencionado antes, queda suspendido con los condicionales expuestos.