Madrid prueba el delito fiscal del novio de Ayuso al filtrar una devolución de Hacienda
Según ha adelantado ‘El País’, la regularización era improcedente y el reembolso no exime del delito, ni garantiza que el saldo final sea positivo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha utilizado a varios medios de comunicación para intentar convencer a la opinión pública de que Alberto González Amador es víctima de una cacería política. Una postura que ha mantenido desde que eldiario.es reveló que este empresario defraudó una elevada cantidad de dinero a Hacienda.
Su equipo, al completo, ha difundido recientemente la noticia de que la pareja de la política española, imputada por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, recibirá de Hacienda 552.000 euros. Sí, dando a entender que ese reintegro podía deberse a algún cobro indebido o un fallo en la inspección.
Muchas preguntas
Ahora bien, en el mensaje a los medios no se ha explicado la causa ni aportado pruebas documentales. Fuentes de la Comunidad de Madrid, a priori, habían transmitido que la Fiscalía podría anular el juicio si el este pagaba la cantidad que defraudó.
Y, por tanto, acabaría resultando un saldo a favor del novio de Ayuso de 200.000 euros. Sin embargo, ¿cómo es posible que un imputado por fraude fiscal acabe recibiendo dinero de Hacienda?, ¿es un error de la Agencia Tributaria? ¿se puede evitar el juicio?
Cronología de los hechos
Pues bien, la respuesta, tal y como ha adelantado ‘El País’, se encuentra en lo que ha omitido la Comunidad de Madrid en su mensaje. Y es que la devolución proviene de un intento de regularización voluntaria que hizo su novio mientras era investigado:
- Cuando llegó la hora de presentar la liquidación del ejercicio 2022, trató de compensar lo defraudado. Según 'El Mundo', debía abonar solo 77.156 euros en julio de 2023, pero él pagó de más: 629.408 euros.
- La cantidad que ahora Hacienda parece que va a devolverle, 552.000 euros, siempre según la versión de la Comunidad, resulta de la diferencia entre esas dos cifras anteriores.
- El problema llega un año después. Si hubiera actuado antes de ser notificado por Hacienda (el 12 de mayo de 2022) habría evitado sus problemas, según el artículo 252 de la Ley General Tributaria y el 305.4 del Código Penal.
- Estos mandatos se refieren al mismo concepto: se considera regularizada la situación tributaria cuando el contribuyente haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda, pero siempre “antes de que por la Agencia Tributaria se le haya notificado el inicio de las actuaciones”, y ese no es el caso.
- Cuanto intenta pagar lo que debía, ya conocía las investigaciones. A lo largo de meses, González Amador fue interrogado en repetidas ocasiones por las maniobras que empleó en los ejercicios de 2020 y 2021 para pagar menos a Hacienda
- En el momento en que llega la hora de pagar el impuesto del año 2022, el novio de Ayuso conocía todas las pesquisas que estaba haciendo la Agencia Tributaria.
- El 22 de enero de 2024 llegó el traslado del informe de Hacienda a la Fiscalía de Madrid, puesto que la cantidad que había defraudado González Amador superaba los 120.000 euros, la cuantía que recoge el Código Penal para que los hechos supongan delito.
- Al día siguiente, la Fiscalía abrió diligencias y, el 2 de febrero, el abogado del empresario enviaba su correo en el que admitía los delitos y se mostraba abierto a un pacto.
A tener en cuenta
El pacto de conformidad, recogido en la ley, permite al investigado reducir la posible sanción de prisión. Ahora bien, no se podía alcanzar entonces, porque primero González Amador tenía que ser citado como investigado.
Ante este panorama, la Fiscalía envió la causa a los juzgados de Madrid y el 22 de marzo fue admitido a trámite por la jueza del juzgado de Instrucción número 19 de la capital. El 20 de mayo, González Amador declarará, con todo lo que eso conlleva.
Sí, hablamos del “paseíllo del telediario”, un momento incómodo debido a que habrá multitud de medios allí presentes. Un acto que se deberá producir porque el pacto de conformidad (entre el abogado del Estado y la Fiscalía, por una parte, y la defensa, por otra) debe hacerse ante un juez.
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