La Ley de Vivienda, desbloqueada

Nueva victoria para el ejecutivo. Y no una menor. Todo parece indicar que el gobierno podrá, finalmente, mitigar uno de sus mayores dolores de cabeza desde que ascendieron al poder. Después de la última ronda de conversaciones con Bildu y Esquerra Republicana, por fin se ha confirmado que la Ley de Vivienda saldrá adelante. Ha sido un camino tortuoso. El proyecto llevaba sobre la mesa desde 2021 sin llegar nunca a concretarse.

No ha sido fácil. El sentir general en torno a la cuestión era compartido por casi todos los partidos de izquierda. El mercado del alquiler y la vivienda, desbocado por la inflación y la especulación, necesitaba urgentemente una regulación más rígida. Sin embargo, entre los distintos sectores ideológicos había diferencias sustanciales sobre el alcance que debería tener esta política restrictiva. El primer campo de batalla fue el propio consejo de ministros.

La idea de promulgar esta ley surgió en 2021, cuando los socialistas todavía gobernaban en solitario tras la moción de censura a Mariano Rajoy. El apoyo externo de podemos fue la primera semilla hacia la colaboración entre los socialistas y las formaciones de su flanco izquierdo. Pedro Sánchez comenzó a sentirse cómodo con socios más progresistas, que le permitieran plantear políticas ambiciosas pero al mismo tiempo permitieran a los suyos presentarse como la voz de la razón y la moderación dentro de la alianza.

El PSOE planteó unos términos iniciales que, para Unidas Podemos, fueron desilusionantes por insuficientes. Después de mucho diálogo interno, el gabinete consiguió adoptar una postura conjunta que cristalizó en una propuesta de ley en la que ambos bandos hicieron concesiones importantes. No obstante, el ejecutivo no era el único poder que debía alinearse con este sentir regulatorio. Quedaba el gran escollo. Esa torre de Babel de ruidos e intereses enfrentados que es el legislativo.

No hacía falta ser demasiado avezado o visionario para anticipar que la reacción de la bancada derecha al texto propuesto iba a ser la negación en redondo. Incluso el PNV se desmarcó de unas medidas que vio inasumibles para su tradición más liberal-conservadora. Estaba claro que si los monclovitas querían una ley que no naciera muerta debían mirar a su izquierda. Pero a la izquierda incómoda. A la periférica. Esa de la que dicen que no hay que fiarse nunca. Esa cuyo fin último es desmantelar la nación.

Pero a ello se pusieron. Sorprendentemente, las fuerzas separatistas principales, ERC Y Bildu, no dieron tantos problemas como se anticipaba. Es cierto, no obstante, que la concreción del texto final que será votado en breve se ha demorado bastante. Aunque se compartían objetivos, había divergencia de opiniones en cuanto a los métodos que se debían utilizar. Los morados fueron excluidos de la mesa. Los interlocutores fueron, principalmente, socialistas y nacionalistas.

Los independentistas trataron de extender algunas de las medidas que entrarán en vigor con la nueva ley para hacerla más completa y contundente. Sin embargo, Nadia Calviño, que aparte de vicepresidenta económica es la voz más cercana a la socialdemocracia clásica europea, paró los pies a sus socios y vetó algunas de sus propuestas más radicales. El final ha sido un alirón para los de Sánchez, que se enfrentarán a las elecciones autonómicas y municipales algo más animados y envalentonados.

Entre las novedades que trae esta nueva ley está la de rebajar el número de viviendas que tiene que poseer alguien para ser considerado gran tenedor. Hasta ahora, el número establecido era de 10 inmuebles. Cuando entre en vigor la nueva norma, pasará a ser de 5. Además, en 2024 se impondrá un tope a la subida del precio del alquiler en zonas tensionadas que será del 3%. A partir de 2025, esta regulación será variable y se calculará teniendo en cuenta el estado del mercado y los índices del IPC.