Los autónomos a los que vigila Hacienda por su uso de dinero en efectivo

El uso de dinero en efectivo ha quedado reducido a unas pocas ocasiones en nuestra vida diaria, o bien para aquellas personas que no están tan familiarizadas con las tarjetas o nuevos métodos de pago. De hecho, desde el año 2019, un año antes de la pandemia (con la recomendación, en los primeros meses, de no hacer pagos en efectivo), el uso del dinero físico ha caído cerca de un 17%.

Pero también desde el Estado se aboga por un uso más reducido, y tener así más controladas dichas cantidades. La razón para este control con exhaustivo es la relación entre este dinero en efectivo con diversas actividades delictivas, pues el dinero físico es menos rastreable, posibilitando más fácilmente la economía sumergida y el fraude fiscal.

El uso de este dinero, y su control, afecta a todos, y especialmente a los trabajadores autónomos. Son el segundo mayor grupo de trabajadores de España. solo por detrás del Régimen General, con una cifra que alcanza los 3,3 millones de personas. Pero no es el propio hecho de ser autónomos lo que genera que estén especialmente ‘vigilados’, sino que, por sus negocios, suelen estar acostumbrados a manejar efectivo con frecuencia.

Sectores con mayor vigilancia

La Agencia Tributaria, cada año, elabora un Plan Anual de Control Tributario y Aduanero. En el del pasado año 2022, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se explica que se priorizará la “especial observancia del uso intensivo de efectivo como único medio de pago o su utilización por encima de las limitaciones cuantitativas legalmente establecidas”.

Según el portal especializado Autónomos y Emprendedores, entre los sectores más vigilados se encuentran, por ejemplo, la hostelería o la construcción. Unos datos obtenidos en relación con el hecho de que sus modelos de negocio se asocian con más precisión a la descripción ofrecida por Hacienda.

Del mismo modo, conviene recordar que el límite de pago para dinero en efectivo se redujo en el año 2021, una vez que fue aprobada una nueva ley contra el fraude fiscal. Desde entonces, el uso de esta forma de pago se redujo de los 2.500 euros a los 1.000 que está permitido en la actualidad, en aquellas operaciones en las que " alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional”.