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La reforma de la ley del aborto: qué cambia y qué no

Se garantizará el servicio en la sanidad pública y se eliminarán el periodo de reflexión y la necesidad de consentimiento paterno para menores de edad.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, celebra la aprobación de la Ley Trans en las escalinatas del Congreso de os Diputados, a 16 de febrero de 2023, en Madrid (España). La Ley Trans y la del aborto, culminan su tramitación parlamentaria, con su aprobación definitiva por parte del Gobierno. Los socios del Ejecutivo, PSOE y Podemos, votarán ambas normativas, mientras siguen enfrentados por la reforma de la Ley del 'sólo sí es sí'. Aunque en un principio se pretendía aprobar definitivamente esta ley en el Senado, unas correcciones técnicas han obligado a la Ley Trans ha regresar este jueves al Congreso. Por otro lado, el Congreso también ha aprobado la ley orgánica por la que se modifica la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que llega al Congreso después de que el Pleno del Senado diera luz verde al texto la semana pasada.
16 FEBRERO 2023;ABORTO;LEY TRANS;CONGRESO;TRAMITACIÓN;POLITICOS
Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
16/02/2023
Alejandro Martínez Vélez Europa Press

El ejecutivo ha dado un paso decisivo para blindar el derecho al aborto en España. Una nueva reforma, que introduce ampliaciones de los derechos reproductivos y regula (o desregula) algunas cuestiones referentes a la interrupción voluntaria del embarazo ha sido aprobada por el Congreso. La iniciativa ha recibido los votos en contra de Partido Popular y Vox. El debate en torno a este polémico dilema político ha sido candente. Lleno de argumentos y contraargumentos intercambiados entre gobierno y oposición. Pero, ¿Qué cambia exactamente con esta revisión?

En el nuevo texto se tratan tanto escenarios que tienen que ver directamente con el aborto como otros que no tocan la cuestión sino tangencialmente, como los derechos reproductivos o la libertad sexual. Uno de los principales y más ambiciosos puntos es establecer la obligatoriedad para todos los centros sanitarios públicos de ofrecer estos servicios. Esto puede cambiar drásticamente la situación vivida en algunos puntos del país, donde la mayoría de las intervenciones se llevaban a cabo en clínicas privadas. Por lo tanto, este punto supondrá un acercamiento de esta operación a mujeres de todo el territorio nacional.

Otro de los apéndices más debatidos —y más fervientemente defendidos por el gobierno— es el del permiso paterno. Hasta ahora, las chicas menores de 18 años necesitaban contar con el beneplácito de sus tutores legales para poder interrumpir su embarazo, algo que fue introducido por el último ejecutivo popular. No obstante, con la nueva situación, las jóvenes de 16 y 17 años tendrán total independencia de decisión sobre la continuidad (o no) de su proceso de gestación. Además, también orientado al tratamiento de los jóvenes, se prevé introducir clases de educación sexual en el currículo escolar y repartir artículos de higiene femenina gratuitos en lugares como institutos, prisiones o centros sociales.

Nuevos derechos

Se regula el derecho de las mujeres embarazadas a la baja retribuida del lugar de trabajo a partir de la semana 39 de embarazo, y se extienden todos los derechos reproductivos a las personas trans gestantes. Otro de los grandes extractos de discordia es el nacimiento de una nueva modalidad de baja laboral: la concedida por dolores menstruales. Estos dos últimos puntos han sido objeto de muy duras críticas y objeciones por parte de las formaciones conservadoras, en especial de Vox.

A pesar de garantizar la universalidad del acceso al aborto, la modificación de la ley también reconoce la objeción de conciencia como un derecho individual de los médicos. Estos podrán negarse a realizar la operación aduciendo convicciones personales, y pasaran a formar parte de un registro. Figurar en esta lista quiere decir que no puedes realizar abortos ni en la sanidad pública ni en la privada. También deja de ser obligatorio informar a las pacientes que soliciten aborto de las alternativas y programas de incentivo de la maternidad, y se elimina el periodo de reflexión de tres días, haciendo el servicio casi inmediato.

Lo que no se modifican son los plazos establecidos por la ley de 2010, que recientemente fueron avalados por el Tribunal Constitucional (algo que el propio presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó como “correcto”). El aborto seguirá siendo libre hasta la semana 14 y, en casos excepcionales o de amenaza grave de la salud de la madre, hasta la 22. Parece terminar así (al menos de momento), lo que ha sido un encendido debate parlamentario y político acerca de una de las grandes cuestiones que dividen a las sociedades modernas.