Ayuso prohíbe carteles sobre la huelga de atención primaria en los centros de salud de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dictado una resolución para vetar la colocación de carteles a favor de la huelga de atención primaria en los centros de salud de la comunidad. Así lo recoge la resolución emitida por la Consejería de Sanidad de la región, que también establece que no podrá haber recogida de firmas en los ambulatorios a favor de la huelga.

“No se podrán realizar actividades como la recogida de firmas, instalación de cartelería o reparto de folletos no autorizados, ni cualquier otra acción que no tenga carácter asistencial o de promoción de la salud”, exhibe el escrito. Es más, desde el Gabinete de Ayuso no ocultan que esta decisión se haya tomado como consecuencia de las actividades realizadas en las instalaciones sanitarias “a raíz de la huelga de facultativos que se mantiene desde noviembre en este nivel asistencial”.

“Es asqueroso”

Este jueves, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta regional ha justificado la decisión que decretó este miércoles. Utilizando dos de los carteles utilizados por los médicos durante la huelga, Ayuso ha defensivo la prohibición: “Esto es asqueroso y hay que obligar a acabar con ello, porque hay que defender el decoro en los espacios públicos. Porque lo pide el paciente. Porque los pacientes no tienen que aguantar las reivindicaciones sindicales ensuciándolo todo”.

¿Qué se hará para garantizar que se cumple con la instrucción?

La orden del Ejecutivo regional obliga a los directores de los centros de salud a “supervisar y adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado uso de las instalaciones (...) y evitar cualquier actuación que derive en un aspecto desordenado o inapropiado. La instrucción de Sanidad llega tras la multitudinaria manifestación del domingo, en la que cientos de miles de personas salieron a las calles de la capital a reclamar la mejora del sistema y soluciones para el conflicto de la atención primaria.

Para garantizar que se cumple con la instrucción, advierte el Gobierno regional, habrá inspecciones aleatorias. De hecho, Ayuso está incluso dispuesta a destinar más fondos para que los servicios de limpieza y mantenimiento retiren de los centros sanitarios cualquier material que no está relacionado con el servicio asistencial.

Además, recuerdan que el personal de los centros de salud, mientras se encuentre en su horario laboral, y en el interior de los centros, “solo pueden llevar a cabo actividades que correspondan a su puesto de trabajo”. La resolución encomienda a los directores de los centros de salud la supervisión y adopción de las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado de las instalaciones, así como para mantenerlas en condiciones óptimas de orden, limpieza, seguridad y confort.

Reacciones de la oposición

De este modo, se trata de evitar cualquier actuación que derive en “un aspecto desordenado o inapropiado”. La secretaria general del sindicato médico Amyts, Ángela Hernández, ha calificado de “huida hacia delante” la instrucción de la Consejería de Sanidad en los centros de salud y ha censurado la “represión” ante la campaña de recogida de firmas por la Atención Primaria en los consultorios de la región.

“Prohibir la recogida de firmas en una huida hacia delante es una vieja técnica de tatar de parar el problema y matar al mensajero. No creo que la represión sea la respuesta”, ha manifestado mientras expresaba su descontento. En cualquier caso, ha aseverado no sentir preocupación ya que en el día de hoy harán entregas de otras 50.000 firmas y tienen más para las semanas venideras.

Por su parte, la candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha denunciado que ahora “llega la versión censora de la chapuza sanitaria” con esta decisión. “Ayuso quiere prohibir los carteles en los centros de salud, supongo que también prohibirá los carteles que dicen que no hay médico”, ha denunciado la líder de la oposición.

A su vez, desde Izquierda Unida califican esta resolución como una “persecución de los derechos fundamentales”, en declaraciones de Vanesa Lillo, diputada de la Asamblea de Madrid, quién ha afirmado que están “estupefactos” tras conocer esta “vuelta de rosca” contra la sanidad pública en general y contra los profesionales “en particular”.