La cárcel más grande del país con mayor tasa de presos del mundo

Desde el 27 de marzo de 2022, el gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, se ha propuesto acabar con las pandillas en su región. Sus prácticas ya han sido sancionadas en repetidas ocasiones por algunas organizaciones internacionales que velan por la protección de los derechos humanos. Sin embargo, Bukele ha dado un nuevo paso en este sentido y ha construido la cárcel más grande del país y de toda América Latina: el Centro de Confinamiento del Terrorismo.

La obra ha llevado siete meses y tiene una capacidad hasta para 40.000 presos. Su uso está exclusivamente destinado a los integrantes de las pandillas del país —aunque el gobierno los denomina “terroristas”. La construcción se encuentra a las afueras del país, a poco más de 70 kilómetros de la capital salvadoreña, en la región de Tecoluca. Para su custodia, el gobierno de Bukele va a destinar efectivos de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas.

Dentro del plan de seguridad de esta prisión, los barrotes de las celdas están hechos de acero reforzado y cuenta con una cerca electrificada. Para su vigilancia, hay destinadas un total de 19 torres. Entre sus instalaciones, hay pabellones para confinar a los presos, casas para los perros guardianas y controles de acceso por escáner de cuerpo, arcos metálicos y controles para paquetes. También cuenta con fábrica para 64 talleres y almacenes de armas y otros equipos de seguridad.

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Desde la Casa Presidencial de El Salvador aseguran que es un centro penitenciario “diseñado para que los criminales cumplan su condena sin volver a tener contacto con el mundo exterior”. Además, huir de la misma es una misión dificultada por todo el terreno que hay a su alrededor, pues la prisión se encuentra aislada de cualquier zona urbana. Y, si alguien quiere escapar, “tendrá que enfrentarse a 19 torres de vigilancia, dos cercos perimetrales de malla ciclón totalmente electrificados y otros dos cercos”, han añadido desde Presidencia.

La Guerra contra las pandillas

Desde el 27 de marzo de 2022, el gobierno de Bukele ha iniciado una política para acabar con las pandillas en su país: la denominan la Guerra contra las pandillas. Y, según recoge la CNN, en ocho meses ha detenido a cerca del 2% de su población —es decir, unas 10.000 personas—. Sin embargo, las medidas que esta política promueve han hecho que las organizaciones mundiales defensoras de los derechos humanos las denuncien.

Human Rights Watch (HRW) criticó el pasado mes de diciembre que, en los meses previos, en el marco de esta política, se han llevado a cabo arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones forzadas y otros malos tratos a detenidos. Asimismo, denuncian que “las circunstancias de muchas muertes bajo custodia durante el estado de emergencia sugieren la responsabilidad estatal por esas muertes”, dice su informe. Asimismo, apuntan que “policías y soldados realizaron cientos de redadas indiscriminadas, particularmente en barrios de bajos ingresos, arrestando a más de 58.000 personas, incluidos más de 1.600 niños”.

Sobre estas detenciones, “Amnistía Internacional (AI) encontró pruebas de que se está deteniendo a personas simplemente por tener tatuajes, cargos penales previos” o, incluso por su lugar de residencia, como también apuntaba HRW. Además, “las personas detenidas no tienen acceso a una defensa legal efectiva”, dice el informe de AI.

61.500 detenciones

El último informe en esta materia publicado por el gobierno de El Salvador apunta que ya han detenido un total de 61.500 “terroristas”, como los denominan las autoridades. “Entre ellos, 900 de sus principales cabecillas”, señalan. Asimismo, aseguran que las “fuerzas de seguridad del Gobierno patrullan todo el territorio nacional en busca de los remanentes de los grupos criminales”, recoge el texto.