¿Cómo es el modelo italiano en el que se fija España para el impuesto a las energéticas?

La tasa italiana, solidaria, recauda para el Estado italiano es sobre el 25% de los beneficios que se obtuvieran de diferencia entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022 con respecto al mismo periodo del año anterior, siempre que sea superior a los cinco millones de euros a diferentes empresas energéticas.

El cálculo se hace sobre los beneficios de la compañía, en lugar del funcionamiento del mercado eléctrico como será el caso español. Además, se basa en un impuesto que afecta a todas las empresas energéticas, también las que hacen negocio con el gas natural o el petróleo.

La diferencia del impuesto a las energéticas españolas

En España, la medida que ha anunciado hoy Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros extraordinario, se trata de un impuesto que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas.

No entrará en vigor antes del año que viene, aunque sí afectaría a los beneficios extraordinarios logrados por estas compañías en el ejercicio 2022. Se trata de tributo que gravará los beneficios de las eléctricas por el alza de los precios de la energía.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado a EFE que la idea es poner el devengo del nuevo impuesto el 31 de diciembre de 2022, de manera que el nuevo tributo sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero afectaría a los beneficios extraordinarios logrados por estas compañías en el ejercicio 2022.

“Es una medida que sintoniza con la opinión publica de nuestro país, con medidas similares de los países europeos de nuestro entorno y que atiende a las recomendaciones de distintos organismos internacionales cono la propia Comisión Europea, la OCDE y el FMI”, ha dicho Sánchez, que no ha concretado de momento cómo será el nuevo gravamen.

“Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia (...) Quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios deben aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora”, ha añadido el presidente.

El objetivo de Italia era aplicar un impuesto a los beneficios finales de las empresas, sin mirar la procedencia de los ingresos. En el caso español, el impuesto es sólo para las compañías eléctricas. El Gobierno calcula que se percibirán alrededor de 6.000 millones de euros.

En Italia, además, vigilan a las empresas con su Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, para saber qué gastan estas compañías en sus operaciones, evitar que enmascaren costes, eviten la aplicación del impuesto o suban las tarifas a los consumidores.

En Italia las empresas no se han quejado. En España, la medida impuesta por la ministra española para la Transición Energética, Teresa Ribera, tiene a los empresarios quejándose en los diferentes foros en los que participan, pese a que muchas han tenido beneficios récords en su historia.

En España esta minoración es para intervenir en el mercado mayorista de la electricidad para reducir lo que desde el Gobierno llaman “beneficios caídos del cielo”, lo que perciben las empresas generadoras por el diseño del sistema, cobrando como si tuvieran que comprar gas sin necesidad de comprarlo.