¿Jaque a la piratería?

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible recientemente aprobado por el Consejo de Ministros permitirá que los jueces de la Audiencia Nacional puedan ordenar, en un plazo record de cuatro días, el bloqueo de páginas webs que faciliten descargas ilegales. La polémica está servida…

Piratería, odioso lastre con el que la industria de los videojuegos lleva cargando prácticamente desde sus inicios. Tal y como ha sucedido con el mundillo del ocio interactivo, la piratería ha cambiado y evolucionado con el paso del tiempo, contando actualmente con una fuerza capaz de sacudir los cimientos de cualquier industria de entretenimiento que se le ponga por delante. Internet ha permitido que todo hijo de vecino con un ordenador y acceso a la red de redes pueda descargar por la cara (porque no nos engañemos, aquí se va con el rostro por delante por muchas excusas que luego se pongan del tipo 'Es para una copia de seguridad' o 'Lo quiero probar para luego comprarlo si me gusta') música, películas y videojuegos sin impedimento alguno, antes incluso de que dichos productos lleguen a los comercios (pocos, cada vez menos) de venta. Ya no hace falta que un colega tenga ese juego que queremos para pedirle que nos haga una copia, ni acudir al top manta para hacernos con un CD Verbatim de carátula fotocopiada en blanco y negro. No, señores, ahora sólo hace falta sentar cómodamente nuestras posaderas, introducir un disco en nuestra flamante grabadora de tropecientas revoluciones por segundo y dar un par de clics con el ratón. Más fácil, imposible.

¿Las consecuencias? Muchas, entre ellas una preocupante sangría de puestos de trabajo (cierre de comercios, de publicaciones especializadas, de distribuidoras, de desarrolladoras…) que escuece bastante, más aún en los tiempos actuales. A dichas consecuencias, los usuarios que en sus casas acumulan tarrinas y tarrinas de discos repletas de contenido pirata responden con más excusas, siendo una de las principales la de 'Ellos se lo han buscado, ya que los juegos son demasiado caros'. Eso sí, vaya por delante que aquí al menos tienen toda la razón del mundo, aunque ello no justifique la descarga de contenido pirata. ¿O es que acaso bajamos al bar de enfrente a tomarnos una cerveza, vemos que su precio es demasiado elevado, y aún así nos la bebemos y nos vamos sin pagar?

Dicho esto, de acuerdo, los juegos son caros; y aquí en España, el país del primer mundo (nunca me ha gustado categorizar a los países de esta manera, pero en fin) que más piratea, lo son aún más. Sin embargo, ello no es escusa para subirse a la mula con una tarrina de discos vírgenes bajo el brazo. Así no conseguiremos que desciendan los precios. Además, si los precios algún día bajasen, ¿disminuiría la piratería? Nada parece apuntar a que lo haga. Las novedades de Nintendo DS y PSP no suelen subir de los 40 euros. Sigue siendo caro, sigue siendo un precio mayor que en otros países, pero es un precio inferior al de antaño. Poniendo un ejemplo, los juegos de la generación de portátiles anterior (con GBA como único e indiscutible líder del mercado) llegaban a los 60 euros en títulos como Zone of the Enders: The Fist of Mars, Smugler's Run o Moto GP, mientras los títulos más baratos (los auspiciados por Nintendo) no llegaban a bajar de los 45. Los precios han descendido, sin embargo tanto DS como PSP son las consolas más pirateadas de la actualidad.

¿A cuánto tendría entonces que descender el precio de un juego para que el usuario que piratea habitualmente se digne a adquirir una copia original en lugar de tirar de mula o torrente? ¿A 30, 20, 10 euros? Existen juegos para portátiles a 10 euros. Obviamente no son novedades, pero entre ellos se incluyen varios Final Fantasy y Dragon Quest de notable calidad. Sin embargo, dichos títulos se siguen pirateando a mansalva. Diablos, incluso juegos punteros de la temporada anterior de la categoría de Mirror's Edge o Dead Space pueden encontrarse a 10 €; y nada de segunda mano, nuevecitos y relucientes. Otro dato que apunta a que una bajada de precios no llegaría a detener la piratería: Más de 20 años atrás, durante la edad de oro del software español, cuando los ordenadores de 8 bits dominaban el mercado, las principales distribuidoras del país decidieron llevar a cabo una contundente acción para tratar de detener la piratería que tanto daño hacía a la industria: una bajada del precio de los juegos (novedades incluidas) de más del 50 %. ¿El resultado? Lo único que con ello se consiguió fue detener las acciones de los pocos que se lucraban grabando y vendiendo juegos en mercadillos, pues ya no les compensaba económicamente seguir con su 'negocio'. Sin embargo, la muchísimo más numerosa piratería doméstica siguió adelante, con los usuarios tirando de doble pletina para hacer copias y copias de juegos con el objetivo de distribuirlos entre los colegas. Obviamente, la anteriormente mencionada bajada de precio de más del 50 % provocó que el margen de beneficios de distribuidoras y desarrolladoras cayera en picado, por lo que cuando se dio el salto de los 8 a los 16 bits pocos pudieron afrontar los costes que suponía el desarrollo de un título de nueva generación. La inmensa mayoría de estudios de desarrollo español cerró sus puertas, con lo que la industria del videojuego patrio se fue a pique sin que a día de hoy, más de 20 años después, haya logrado levantar cabeza.

Pero el espacio de una columna de opinión es limitado, y tampoco es mi intención centrarlo todo tanto en las consecuencias de la piratería como en las razones por las que se piratea. Volviendo a la actualidad, distribuidoras, productoras y desarrolladoras se encuentran completamente desprotegidas frente a las descargas ilegales, ya que las leyes han ido muy por detrás de la eclosión de Internet y la proliferación tanto de redes P2P como de las páginas web que facilitan el acceso a dichas descargas. Hasta ahora, los jueces han sobreseído prácticamente toda denuncia sobre descarga fraudulenta que llegaba a sus manos, obviando con ello un indiscutible problema por el simple motivo de no querer, o no poder, mojarse en el tema. Es por ello que la industria lleva años pidiendo al Gobierno que tome cartas en el asunto. Ahora parece ser que lo está haciendo, ya que recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la llamada Ley de Economía Sostenible, que entre otras cosas permitirá que los jueces de la Audiencia Nacional puedan ordenar, en un plazo record de cuatro días, el bloqueo de páginas webs que faciliten el acceso a descargas ilegales (entiéndase como 'descarga ilegal' el acto de bajar material protegido por derechos de autor).

Como no podía ser de otra manera, el asunto está trayendo cola. Vaya por delante que mi fe en los políticos (sean de la ideología que sean) hace tiempo que es absolutamente nula. Bajo mi punto de vista está más que demostrado que salvo honrosas excepciones (que igual las hay, aunque yo no conozco ninguna) un político (repito nuevamente que sea de la ideología que sea) miente más que habla y se mueve únicamente por sus propios intereses. Es por ello que, aunque mi primera reacción ante dicho anteproyecto fue el de asentir con satisfacción, acabara comenzando a escudriñar con detenimiento la letra pequeña antes de dar, como ciudadano y parte integrante de la industria del ocio interactivo a nivel de trabajador y usuario, mi visto bueno a dicha iniciativa. Al parecer, las órdenes judiciales que darán como resultado el bloqueo de las webs que faciliten el acceso a descargas ilegales se emitirán previa recomendación de un grupo elegido por el Ejecutivo (entiéndase como 'Grupo elegido por el Ejecutivo' a las personas que los miembros del Gobierno seleccionarán a golpe de dedo dejándose llevar por sus propios intereses). Así, primero serán los propios autores los que denuncien ante la que ya se ha dado en llamar como Comisión de Propiedad Intelectual (la cual actuará como órgano político a todos los efectos), siendo posteriormente ésta la que eleve su propuesta de bloqueo de una determinada web al juez.

¿Les suena esto de algo? Sí, efectivamente, parece que aquí tenemos el equivalente para las industrias cinematográfica y videojueguil de la SGAE que, en su supuesta defensa de la industria musical, únicamente sirve a sus propios y más que lucrativos propósitos. Además, dado que las demandas serán tramitadas por la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI para los amigos) en lugar de ocuparse de ello el propio demandante, será dicho órgano el que deberá asumir el pago íntegro tanto de los costes del juicio como de posibles daños a terceros en el caso de que la demanda no prospere. Y estén ustedes seguros de que dichos costes no los sufragarán los miembros del CPI con dinero salido de sus bolsillos, sino con efectivo extraído del erario público. Es decir, lo pagaremos todos los españolitos de a pie con nuestros impuestos. Señores del Gobierno, deseo que la piratería sea completamente erradicada de la industria del ocio interactivo, y seré el primero en aplaudir cuando llegue el día en que esto ocurra. Cierren todas esas páginas webs de descarga fraudulenta y asegúrense de que jamás vuelvan a ser abiertas. Pero así no. Lo último que necesitamos es otra SGAE que sólo servirá para que se enriquezcan unos cuantos mientras el problema para el que supuestamente se ha creado persiste como si tal cosa. Necesitamos soluciones, no a un puñado de individuos viviendo como reyes a costa del sudor de los trabajadores. De esos ya tenemos más que suficientes.