Venezuela aprueba una ley para prohibir los videojuegos violentos

Los videojuegos con contenidos y temáticas violentas encuentran una nueva barrera en Venezuela. El país gobernado por Hugo Chávez ha aprobado un nuevo proyecto de ley que prohíbe la venta de videojuegos y juguetes violentos con el objetivo de proteger la salud mental de niños y niñas. La medida fue aceptada ayer martes por la Asamblea Nacional.

El proyecto de ley, que responde al nombre de Ley para la Prohibición de Vídeos, Juegos y Juguetes Bélicos, es iniciativa de la fuerza política Patria Para Todos, que trata de establecer medidas legales para evitar que los menores de edad puedan acceder a productos audiovisuales inapropiados por sus contenidos.

Con esta medida, Venezuela se convierte en un nuevo país donde los videojuegos pueden encontrar problemas no sólo en su distribución, sino también en su fabricación y producción. Cabe destacar que esta medida legal no sólo afecta a los videojuegos, pues también se centra en controlar la televisión y la industria juguetera.

Alemania y su agresividad política

La exitosa celebración de la Gamescom en Colonia (Alemania) demuestra la fortaleza de la industria del ocio digital, aunque no es motivo suficiente para que las autoridades germanas rebajen su agresividad en lo que al control de videojuegos respecta. El pasado mes de junio la política alemana presentó un proyecto similar al venezolano para prohibir el lanzamiento de juegos violentos.

El proyecto recibió rápidamente las críticas de los jugadores germanos, que iniciaron protestas virtuales en contra del proyecto de ley. La abundancia de quejas traducidas en una petición online con más de 60.000 firmas ha conseguido que el gobierno alemán estudie de nuevo la medida legislativa sometiéndola a debate.

Durante estos últimos años, videojuegos como Gears of War o Resident Evil 4 han encontrado importantes problemas para llegar a las tiendas de Alemania, quedando vetados de estos comercios por sus contenidos violentos. La desarrolladora Crytek, que está afincada en este país, ha expresado su desacuerdo con las actuaciones políticas y adelantado que podría trasladar sus oficinas fuera de Alemania.