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La UE prevé ampliar la garantía de los videojuegos a dos años

La medida ha recibido las primeras críticas por parte de la industria británica.

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La Unión Europea estudia la inclusión en la Directiva de Garantía y Ventas una nueva norma por la que se extendería la garantía obligatoria de dos años como mínimo a todo tipo de "bienes para el consumidor móviles y tangibles", categoría dentro de la que se incluiría software y videojuegos. Hasta ahora, los comercios no tenían la obligación de devolver el dinero si un videojuego incluía un bug que impedía al usuario completarlo, pero la nueva normativa, caso de prosperar, exigiría que el consumidor tuviera derecho a "un producto que funcione bajo condiciones comerciales justas", según Helen Kearns, portavoz de la Comisión Europea.

Si bien Kearns reconoce que "hay riesgo de abusos" por parte de algunos usuarios deshonestos (que podrían disfrutar del juego y luego devolverlo aludiendo a un error inexistente), lo cierto es que, a su juicio, "esa no es una buena razón para decir que no se aplique la protección básica al consumidor."

Muy diferente es la opinión al respecto de la industria del videojuego. El alto cargo del organismo británico Tiga, Richard Wilson, comentó que "los consumidores necesitan productos de buena calidad, eso es razonable, pero si la legislación es demasiado estricta podría hacer que desarrolladores y editores fueran muy cautelosos. Se tarda años en desarrollar juegos y los equipos de desarrollo tienen que predecir muchas veces qué tecnología habrá en el momento en que se termine el juego. Si se responsabiliza a los desarrolladores de que el software debe ser 'casi perfecto', esto podría ahuyentar las nuevas ideas y la gente se limitaría a apostar por lo seguro."

Por su parte, la Business Software Alliance, que representa a las compañías más destacadas de la industria, afirmó a través de un portavoz que "el contenido digital no es un bien tangible y no debería estar sujeto a la misma responsabilidad que las tostadoras. Se licencia mediante contrato a los consumidores y no se vende. Estos contratos se rigen por la normativa civil que ofrece multitud de soluciones para el incumplimiento de contrato."

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