El informe Byron

El eterno debate sobre la regularización de los videojuegos violentos alcanza un nuevo nivel en el Reino Unido. El Primer Ministro Gordon Brown pretende usar un informe redactado por la psicóloga Tanya Byron para poner en práctica un paquete de medidas no exentas de polémica.

Si existe un presunto delito, debemos buscar un presunto culpable. Esa es una de las muchas conclusiones a las que la psicóloga Tanya Byron parece querer llegar en su ya famoso Informe Byron redactado a propuesta de Gordon Brown, Primer Ministro británico. ¿Los videojuegos violentos influyen en la conducta de los menores de edad? A día de hoy no existen datos concluyentes o plenamente aceptados capaces de dar una respuesta afirmativa o negativa a esa pregunta. Pero, por si acaso, mejor tomar medidas preventivas en aras de proteger a nuestros tiernos e inocentes infantes de esos perniciosos videojuegos (o, más acertadamente, 'Sudokus de Satanás', tal y como son definidos por la periodista Janice Turner del diario The Times) antes de que sea demasiado tarde.

Ahora que tenemos el presunto delito, ya sólo queda tomar medidas preventivas (por nuestra propia seguridad y la de nuestros tiernos infantes, por supuesto) contra el presunto culpable. ¿Quién tiene la culpa de que los videojuegos violentos lleguen a las manos de los menores de edad? Sus vendedores, por supuesto. Y es que, querido lector, esos dependientes a los que acudimos para adquirir artículos con la sana intención de disfrutar de nuestro entretenimiento favorito son en realidad corruptores de menores en potencia, aunque ni siquiera ellos lo sepan. Pero no os preocupéis, la psicóloga Tanya Byron tiene la solución: cinco años de cárcel y asunto arreglado.

Ustedes perdonarán la ironía de los dos primeros párrafos de la presente columna, pero la verdad es que no puedo ocultar mi más profunda indignación ante la enésima demonización de los videojuegos que se está llevando a cabo, esta vez desde tierras británicas. He de admitir que, al menos al principio, tenía puestas algunas esperanzas en todo este proceso; y es que no veía en él síntomas del sensacionalismo demagógico y barato con el que muchos políticos estadounidenses suelen tratar el tema (ya saben, el clásico 'Los videojuegos sirven única y exclusivamente para corromper a nuestros menores y convertir a nuestros adolescentes en asesinos de masas), y tampoco vislumbraba indicio alguno del rasero extremo con el que son medidos (y censurados, y prohibidos) los videojuegos con contenido adulto en Alemania.

En lugar de eso, creía estar viendo a un político (nada más y nada menos que el Primer Ministro británico) que trataba el tema desde una perspectiva mucho más acertada. Y es que, aunque no existen datos que demuestren fehacientemente que los videojuegos influyen en la conducta de los menores, todos estamos de acuerdo en que un título como GTA: San Andreas no es recomendable para una persona que no haya alcanzado la edad adulta. Además, Gordon Brown afirmaba no estar interesado en la censura, otro punto a su favor. Sin embargo, las medidas que el Primer Ministro pretende tomar para evitar el acceso de los menores de edad a videojuegos de contenido adulto parecen tornarse cada vez más radicales.

Se dice que con el Informe Byron se busca equiparar los sistemas de calificación por edades de los videojuegos a los de las películas. Sin embargo, algunas de las medidas a tomar (hasta una docena de sellos de calificación cubriendo las carátulas de los videojuegos, e incluso penas de cárcel para todo dependiente que cometa la osadía de vender un videojuego con contenido adulto a un menor de edad) hacen ver, o al menos a este humilde servidor de ustedes así se lo parece, que el gobierno británico pretende en realidad equiparar los videojuegos al alcohol y el tabaco. ¿Llegaremos a ver en los establecimientos especializados grandes carteles en los que se exija a los menores entrar acompañados por un adulto? ¿Quedarán los videojuegos recomendados para mayores de dieciocho años relegados a los rincones más oscuros de las tiendas, escondidas sus vergüenzas tras una cortina? ¿Veremos en las cajas de estos títulos, en lugar de un 18+, un explícito mensaje asegurándonos que 'Jugar perjudica gravemente su salud y la de los que están a su alrededor' o 'Jugar puede dañar el esperma y reduce la fertilidad'?

Afortunadamente, por una vez, y esperemos que sirviendo de precedente, una de las tres grandes compañías que encabezan el sector del videojuego ha decidido implicarse en el problema. Neil Thompson, directivo de Microsoft, ha efectuado las que sin duda son las declaraciones más medidas e inteligentes respecto al eterno dilema de buscar la protección de los menores frente al contenido de videojuegos recomendados para mayores de edad: 'El gobierno tiene que representar un papel, la industria otro, y los padres deben ocupar un lugar importantísimo'. Sin embargo, por ahora lo único que tenemos es a un gobierno representado un papel tanto principal como único. Todo un monólogo, vaya.

La propia industria tendría mucho que decir al respecto; al menos contando con que quisiera decir algo, claro está. Y es que a uno le da la impresión de que los primeros que se avergüenzan de que existan videojuegos recomendados para adultos son las tres grandes: Sony, Nintendo y Microsoft. Pero, sin duda, el papel principal en todo este dilema debería ser para los padres. Tendrían que ser ellos, y no éste o aquel gobierno, los que tuvieran la última palabra en decidir qué puede o no ser recomendable para sus hijos. Si necesitan información para llevar a cabo esa tarea, la industria debe ofrecérsela de manera clara y accesible. ¿El actual código PEGI cumple con esta necesidad? El Informe Byron parece decir que no. Entonces, ¿qué es lo que necesitan los padres para decidir que tal o cual juego es o no recomendable para sus hijos? Encontrar la respuesta a esta pregunta quizá sea más difícil que limitarse a imponer la censura en un videojuego, pasar a prohibirlo directamente, o meter en chirona a los dependientes de tiendas especializadas que se presten a venderlo sin pedir previamente al usuario el carné de identidad, el número de la seguridad social y una declaración jurada en la que el poseedor asegure que jamás permitirá que ningún tierno infante ponga sus ojos sobre el pernicioso producto que acaba de adquirir. Sí, buscar la respuesta a la anterior pregunta quizá sea más difícil que tomar todas estas medidas 'preventivas', pero al menos serviría para intentar solucionar el problema.

Para terminar, permítanme ustedes que despida el presente texto con un sonoro ¡God save the Queen! Y es que no está de más curarse en salud, no vaya a ser que el Primer Ministro británico proponga la redacción de un nuevo informe en el que se sugiera que los próximos a encarcelar deberían ser los columnistas de videojuegos...