José Luis Terreros: “La AMA nos dijo que todo estaba perfecto”
El director de la CELAD confirma que dimitirá, pero antes quiere dejar firmadas dos sanciones por pasaporte biológico y da sus explicaciones.
José Luis Terreros (Zaragoza, 68 años) recibe a AS en la CELAD y muestra un despacho que ya está vaciando en el que ha estado casi siete años. Antes, había emitido un comunicado en el que rebate las acusaciones que pesan sobre él de presuntas malas prácticas que habrían derivado en una malversación de fondos públicos y en la ocultación de positivos. “Soy una persona mayor y este es un palo fuerte, injusto y que no me esperaba”, apunta antes de entrar en materia.
En primer lugar y para dejarlo claro, ¿va a dimitir como le exige el CSD?
Voy a dimitir cuando llegue el momento.
¿Cree que ha cometido algún delito?
Ninguno, absolutamente. Hemos gestionado perfectamente, según las normas. Lo que tenemos ahora es una agencia que funciona mucho mejor. Se ha aprobado la Ley el mismo año del Código Mundial Antidopaje, el RD de Estructura de la agencia, el de desarrollo, el Comité Sancionador, los controles con sangre seca, el departamento de educación...
¿De dónde viene la denuncia?
De una funcionaria de esta agencia que tenía problemas laborales y controversias con muchos compañeros.
Por partes. Se le acusa de haber pagado por controles irregulares durante varios años... Desde octubre de 2023, un nuevo Real Decreto especifica que con un agente de control basta, que no son necesarios dos. ¿Pero qué ha pasado antes?
En 2009, cuando se redacta el Real Decreto que regula la forma de hacerlos, el artículo 79.1 está redactado de una forma que unos entienden de un modo y otros, de otro. Y esa controversia ha dado lugar al problema. Desde que existe la agencia, se han hecho controles con un solo agente. Hemos estado revisando desde 2013 y hay una cantidad importante. Todos los directores anteriores a mí también los hicieron porque parecía lo legal y es lo que se hace en todos los sitios del mundo.
¿Y qué pasa si se hacen con uno?
En la Ley de 2013 ya hay una norma que dice que eso no invalida un control. Por lo tanto, a veces se hacían con un agente. Y se abonaban, claro. Y si había un positivo se abría un procedimiento.
¿Entonces?
En diciembre de 2021 estábamos pendientes de una sentencia de la Audiencia Nacional de un deportista al que se le sancionó con un solo agente, alegó al TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) que le dio la razón, luego el Contencioso y después a la Audiencia Nacional, donde se vio que había dos, pero en los fundamentos de derecho deja entrever que si hubiera habido un agente podría tener virtualidad anulatoria. Y decidimos ser lo más prudentes posible. En los pliegos de 2022 se estableció la obligatoriedad de dos. Si hubo alguno con uno, no se pagaron (a PWC, la empresa a la que se adjudicó el concurso). El gasto, como dijimos en las Cortes, fue cero.
Al final, lo que se colige es que en España no se hacen las leyes como hay que hacerlas y todo lo estropean las interpretaciones.
El problema es la interpretación, sí. Y eso se soluciona con el Real Decreto de octubre del año pasado. No tengo ningún miedo a la Fiscalía.
“Todos los directores anteriores a mí también hicieron controles con un agente porque parecía lo legal”
¿En España se han anulado positivos porque se hayan realizado controles con un solo agente?
En 2019, cuando no habíamos llegado a la fase de la Audiencia, hubo un par de deportistas con positivos adversos con un solo agente y decidimos no abrir el expediente por prudencia porque ya estaba en lo contencioso. De esto se informó a la Agencia Mundial (Terreros muestra el documento, que pudo ver AS) y nos dio el visto bueno. Creíamos que podía haber un defecto de forma. El 6 de enero de 2022, después de la promulgación de la nueva Ley, nos dijeron que estaba todo perfecto, incluido esto. La funcionaria denunció que había un control sin resolver y eran dos. El ministerio nos dijo que era conveniente abrirlos y están en marcha.
Patrick Chinedu. Atleta internacional con España. Da positivo por nandrolona en 2019 y no se le sanciona. ¿Por qué? Que haya seguido compitiendo va contra la limpieza.
Si le hubiésemos sancionado, podríamos haber sido acusados de prevaricación por dictar una resolución a sabiendas de que podía ser injusta. La ley nos ordena que si hay un procedimiento administrativo afectado por un proceso judicial, hay que suspenderlo. Si lo abrimos, igual se hubiese ido de rositas al haber una anomalía en la toma de muestras. El proceso se archiva para que pudiese ser sancionado después.
Da la impresión de que, cuando había una sentencia que pudiese invalidar una sanción, el expediente se suspendía a la espera de que el panorama judicial se aclarara y amparándose en los 10 años de prescripción... Pero podían poder haber pasado esos 10 años y no sancionar.
Es que es lo que dice la Ley 39/2015 (de Procedimiento Administrativo). Se suspendía hasta tener la resolución del tribunal. A veces, se tarda mucho tiempo, pero se hace para defender los derechos de los deportistas.
¿Y los pasaportes biológicos anómalos?
Igual. En el famoso caso de Ibai Salas (ciclista al que la Audiencia Nacional exonera tras ser sancionado y que deja en solfa un método de detección tenido como el más fiable internacionalmente), suspendimos tres casos hasta ver qué decía la Audiencia y otros dos no los abrimos. Decidimos que aquí no podían salir adelante y solicitamos, y tengo la carta a Ross Wenzel (Terreros también muestra la misiva dirigida al director general de la AMA) su ayuda para trasladar esos expedientes a las federaciones internacionales, a lo que nos dieron el sí. En los otros dos, había un tema de probabilística forense y se han pedido informes de expertos. Están en la última fase de incoación y quiero firmar las resoluciones sancionadoras antes de irme.
¿Entonces, a qué achaca la beligerancia de la AMA?
Se está discutiendo el Código de 2027 y la AMA propuso una remodelación cosmética. Muchas agencias pensamos que la revisión debía ser profunda en lo relativo a muchas sustancias y yo, como Canadá o Estados Unidos, hemos sido beligerantes en eso. Ahora han visto esta debilidad en España y el presidente (Wiltod Banka) ha venido a muerte a por mí. Hemos creado una Red Iberoamericana que ha pedido la oficialidad del español y eso tampoco ha gustado.
Dicen que durante su mandato no ha habido colaboración. Que incluso desconocían el texto del RD de 2023 que desarrolla la Ley y que las cosas no se están haciendo acorde a la norma.
La Ley de 2021 se discutió punto por punto. Es cierto que ese Decreto sólo se consultó al final. Se les envió después de la aprobación porque aquí había pasado todos los filtros. Entendemos que es una legislación menor.
“La AMA nos dijo que todo estaba perfecto y ahora Banka va a por mí a muerte”
Ha estado a las órdenes de cuatro ministros y cinco secretarios de Estado, del PP y del PSOE, y parece extraño que si el antidopaje español funcionaba mal nadie le destituyera... Da la sensación de que lo único que les importa es, simplemente, que no se hable de dopaje.
No lo sé... Jamás me han intentado doblar el brazo y hubiese dimitido si se hubiesen metido en temas de sanciones, porque la agencia es independiente. Unos han estado más informados del día a día y otros menos. Lo de ahora es sorprendente. El secretario de Estado (José Manuel Rodríguez Uribes) ni siquiera ha hablado conmigo. Y en un comunicado, el presidente del CSD y la ministra de Deportes me amenazan con cesarme cuando el Código establece que la agencia es totalmente independiente. Y me consta que la AMA esto sí que lo está investigando. Otras cosas, no.
La última suspensión de un deportista de élite en Sanciona2, donde se publican las que ya son firmes, es la de Josephine Onya en 2016. Sí que puede dar la impresión de que aquí no se sanciona a nadie...
Corrijo: se ha sancionado al Papu Gómez (futbolista del Sevilla). En 2023 hay unos cuarenta procedimientos abiertos, de más o menos nivel.
Pero eso no se traduce luego en sanciones...
Es que cuesta tiempo porque el deportista tiene muchas posibilidades de alegación. Aunque es cierto que hay una tendencia a la baja, como del 0,8%, en cuanto a positivos. Además, con la Ley anterior sólo se podían hacer públicos los casos graves. A partir de ahora, ya no.
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